San José, 13 abr (elmundo.cr) – El director Ejecutivo de la Oficina del Consumidor Róger Corrales aseguró que “la Defensoría le negó asesoramiento para redacción de un proyecto”.
Según recordó Corrales, “la Ley de Iniciativa Popular rige desde 2006, el art. 7 obliga a la Defensoría a abrir siete oficinas de iniciativa popular (una en San José y otra en cada región)”.
Ante lo cual manifestó que “la ley está en desuso, nunca se ejecutó, violando el art. 129 constitucional, párrafo 5: “La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario””.
Ante esto denunció que “en mayo del año pasado, la Defensoría me negó el asesoramiento en redacción de un proyecto de ley para la regulación del Derecho al Trato Equitativo de los Consumidores y Usuarios que está esperando ser regulado, desde 1996, por mandato constitucional del art. 46, párrafo 5”.
“Me remitieron al MEIC y Aresep que sí conocen las materias de consumidores y usuarios pero no tienen competencia para asesorar en iniciativa popular”, aseveró.
De igual forma hizo hincapié en que “la falta personal de la defensora actual se configura, por no emitir el reglamento del art. 7 de la Ley de iniciativa popular, para regular la organización y procedimientos de la Defensoría en esta materia; no puede alegar que no conocía la ley ni su obligación de reglamentarla, pues, la conoció en mayo 2021. Las defensoras anteriores Quesada, Taitelbaum (dos periodos) y Solano no aplicaron esta ley pero no se les puede exigir responsabilidad, porque ya no están el cargo”.
Para Corrales, esto “es un problema institucional y del ordenamiento jurídico; en la Oficina del Consumidor esperamos que la denuncia termine con la anomia que es un fenómeno social y jurídico en que la ley pierde su vigencia, en este caso por desuso, lo que implica una problemática social. En nuestra Constitución Política, art. 9, los ciudadanos tenemos derecho a la participación en el Gobierno de la República pero desde 2006 se nos ha socavado el derecho a la participación en la función legislativa y debe darse con plenitud. El legislador estableció que la Defensoría debe dar este servicio, a nivel nacional, si lo hubiera hecho en los últimos 16 años, hubiera desarrollado un sistema robusto que hoy ni siquiera existe”.
“Personalmente ni como director de la Oficina del Consumidor, no existe ningún interés político en esta denuncia, solo la defensa del ordenamiento jurídico y de los derechos de los consumidores y usuarios que es nuestra misión y visión”, concluyó.
