Asamblea Legislativa, 7 set (elmundo.cr)- Preocupados por la situación que enfrenta el Parque Nacional, Manuel Antonio, directivos de este lugar llegaron la tarde de este lunes a la Asamblea Legislativa para dar un grito de auxilio ante los diputados de la Provincia de Puntarenas.
Los miembros de la Junta Directiva de este lugar alegan por el incumplimiento de la ley 8133 que demarca la forma en que debe ser el presupuesto de este lugar, el cual solo han logrado obtener el 50% del establecido, gracias a un recurso de amparo que interpusieron las autoridades del lugar.
Sin embargo, el otro porcentaje que debería ser destinado por ley a este sitio continúa sin hacerse efectivo.
“Se esta violentando la ley en el sentido en el que la directiva del parque debe manejar los presupuestos, las aprobaciones, y darle seguimiento a todo lo que ocurre dentro de parque”, comentó Carlos Soto, miembro de la Junta Directiva.
La falta de presupuesto no es el único motivo de preocupación para las autoridades, pues aseguran que también la no aplicación de la ley de accesibilidad 7600 pone en riesgo el funcionamiento diario del parque nacional, el cual ya fue notificado por el Ministerio de Salud para ser clausurado si no se acatan las medidas.
“Sigue durmiendo el sueño de los justos, le hicimos llegar una nota al Presidente de la República indicándole que dentro del parque no se permite y se discrimina a las personas que ampara la ley 7600”, añadió Soto.
Los directivos fueron recibidos por los diputados liberacionistas de la provincia, Olivier Jiménez y Karla Prendas, quienes le propusieron elevar el caso a la comisión de Puntarenas, para presentar una moción y de esta forma sesionar en ese lugar junto con el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez, en busca de una solución.
Otra de las situaciones que afecta la economía del lugar es una directriz interpuesta por el gobierno, la cual hace que el Parque Nacional tenga que ser cerrado durante los días lunes, reduciendo así sus finanzas.
Mientras tanto, las autoridades de la zona no descartan una manifestación en la Ruta 27, el cierre del parque e interponer una denuncia en organismos internacionales en caso de que el gobierno “siga haciendo oídos sordos” a este caso.
