San José, 17 oct (elmundo.cr) – Los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que fueron reinstalados por la Sala Constitucional meses atrás, Marta Rodríguez y José Luis Loría, representantes de los sindicatos, y de las cooperativas respectivamente, denunciaron que sufren persecución política por pensar distinto al Gobierno.
“La persecución política tiene consecuencia sobre la gobernanza de la CCSS y por eso estamos solicitando al Consejo de Gobierno el archivo inmediato (de los procedimientos disciplinarios contra cuatro directivos y un exdirectivo), porque no hay ninguna prueba al respecto”, indicó Rodríguez.
Rodríguez, y Loría, además de otros tres directivos de apellidos Jiménez, Salazar y Hernández, fueron suspendidos en diciembre anterior de sus cargos por parte del Consejo de Gobierno, luego de que aprobaran un aumento salarial para los 63.000 empleados de la entidad. Los primeros tres directivos fueron reinstalados meses atrás, mientras que Hernández renunció.
Para los directivos “lo que buscan con nuestra destitución, tanto la presidenta ejecutiva como el Gobierno, es no pagar la deuda del Estado con la CCSS que llega ya a ₡3,2 billones y no devolverle a la CCSS los ₡1.7 billones que tiene la institución invertidos en el Ministerio de Hacienda en títulos de valores que son precisamente para construir obras, para insumos, y equipos”.
“Lo que se pretende con esto es desviar la atención de la improvisación y la incompetencia de la presidenta ejecutiva para dirigir esta institución”, añadió Rodríguez.
Por su parte, el directivo de la CCSS, José Luis Loría, indicó que desde diciembre anterior se ha dado “un juicio sumario”, donde lo que se pretende es “juzgar políticamente a los directores de la CCSS que pensamos diferente al Gobierno”.
“Esto se nota en las decisiones que han tomado. Por ejemplo, el hecho de que el 14 de septiembre, la presidenta ejecutiva (Marta Esquivel) salga corriendo hacia Cartago y anuncie sin ningún fundamento que el hospital de Cartago se va a hacer en los terrenos del Instituto Tecnológico Costarricense es un monumento a la ocurrencia. Lo mismo ocurrió con el terreno del Hospital de Golfito”, añadió.
Finalmente, el directivo indicó que la Secretaría del Consejo de Gobierno es el órgano director en el proceso disciplinario que se lleva en su contra, algo que resulta no ser “imparcial”.
Además, este órgano “ha adelantado criterio tanto en la Sala IV como en la Procuraduría General de la República, y ha emitido juicios de valor, lo cual lo hacen espurio”, concluyó.
