San José, 3 ago (elmundo.cr) – Tras casi tres años de la aprobación de la Primer Ley de Transferencias de Competencias a los municipios, los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales ven viable iniciar el diálogo de una segunda iniciativa que venga a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales.
En la administración Solís Rivera, desde la oficina de la primera dama, se comenzaron a dar los primeros pasos de la construcción de esa segunda ley definiendo la temática: infraestructura educativa.
El legislador del Partido Restauración Nacional (PRN), Eduardo Cruickshank afirmó ser un creyente de la descentralización y que son los municipios los que deben trabajar la temática de la construcción de la obra pública, por lo cual enfatizar en la infraestructura educativa sería oportuno para las comunidades.
“Creo que es oportuno transferirle esas competencias a las municipalidades porque además, creo que el ministerio de Educación se debe dedicar al tema de educación y especializarse en ese tema, y las municipalidades a realizar obra pública. De manera que creo que sería oportuno y me parece que una iniciativa de esa naturaleza habría que darle el respaldo”, dijo Cruickshank.
La diputada verdiblanca, Ana Lucía Delgado recordó que el mandato de transferir recursos y competencias proviene de la misma Constitución Política en su artículo 170 y se deben hacer de manera paulatina y mediante ley ordinarias hasta alcanzar el 10%.
La ley 9329 se convirtió en la primera experiencia, la cual le dio mayores recursos a los municipios para atender la red vial cantonal recibiendo el 22% del Impuesto a los Combustibles para financiar esta competencia.
“Ya están las municipalidades preparadas para recibir esa segunda transferencia, muchas veces a las municipalidades se les exige un trabajo eficiente, un trabajo directo con las comunidades, pero ocupamos dotarlos de recursos financieros con lo cual ese 1,5%, que correspondería con esta nueva iniciativa, sería realmente ventajosa para poder aprovechar toda esa infraestructura que actualmente cubre 82 cantones”, mencionó la también ex vicealcaldesa de Flores.
Delgado manifestó que existe un rezago en la labor de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública (DIE) y que son los municipios con las transferencias a las juntas de educación de los distintos centros educativos los que han resuelto problemas en aulas, comedores o gimnasios.
“Hemos visto como las juntas de educación han tenido que asumir los procesos en vista de que tienen la necesidad eminente con órdenes sanitarias. Me parece que transfiriendo los recursos a las municipalidades puede ser una instancia muy ventajosa para que puedan trabajarla a través de las proveedurías institucionales. Hay que recordar que el 10% de Bienes Inmuebles que recauda una municipalidad va dirigida a los centros educativos del cantón, entonces se podría hacer un trabajo más completo dirigido a poder revertir la situación que lamentablemente tienen muchos centros educativos y que tiene pendiente el Estado, para que tengamos condiciones dignas y adecuadas para todos nuestros niños y adolescentes”, agregó.
Precisamente, la falta de inversión en centros educativos es una de las problemáticas que son exigidas por las comunidades al municipio y muchas veces las gestiones ante la DIE no son suficientes para solucionar un cierre de alguna aula o colegio por una orden sanitaria o la afectación por fenómenos naturales.
Esa realidad es conocida por la diputada socialcristiana, Aracelly Salas que ve necesario iniciar y construir una propuesta para que los municipios intervengan en el mejoramiento de los centros educativos.
“Al final son las municipalidades las que terminan ayudando el aula que está construyendo tal escuela o a cambiarle el zinc o a mejorar el piso; son las municipalidades las que al final terminan ayudando. El DIE ha sido casi un desastre a nivel nacional, 250 proyectos estacionados en el DIE; escuelas prácticamente en el suelo, estudiantes recibiendo clases al aire libre o en salones comunales incómodos, en pésimas condiciones y están los recursos ahí”, externó Salas.
Por su parte, el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Roberto Thompson dijo que el debate debe iniciar en eliminar la burocracia y evitar crear dos estructuras que hagan la misma acción, y a su vez, convertir a los municipios como aliados para construir obras de impacto.
“Que mejor que las municipalidades que conocen la realidad de cada uno de los cantones, yo le puedo decir que en Alajuela, donde estuve 8 años como alcalde, cuáles son los centros educativos que requieren de intervención urgente y cómo podemos intervenirlos de la manera más rápida”, sostuvo.
Thompson espera que la experiencia mun
icipal del ministro de Educación, Édgar Mora sirva para hacer evidente la gran necesidad de buscar otros mecanismos o instituciones que ejecuten las obras urgentes en los centros educativos.
“A mí me parece que don Édgar, en su ejercicio de la Alcaldía, tuvo conciencia que esa es una realidad en todo los cantones del país. Curridabat no escapa de esa realidad y me parece que este es un momento propicio, sobre todo cuando se habla de sobrantes en el Ministerio de Educación, de que esos sobrantes sean invertidos donde corresponden; hay 661 centros educativos con orden sanitaria de cierre y eso significan miles de estudiantes que están recibiendo clases donde las condiciones no son las adecuadas y me parece que migrar a un sistema de ejecución de la infraestructura que le permita, a través de las municipalidades, ser mucho más eficiente y más transparente, es un tema que deberíamos abordar”, argumentó el verdiblanco.
Además:
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