San José, 3 nov (elmundo.cr) – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público continuaron con la indagación del expediente 23.206 el cual investiga los hechos revelados en el Caso Diamante, que implica a funcionarios públicos de municipalidades y a empresas privadas de construcción de obras públicas.
Los legisladores recibieron en audiencia a William Solano Ocampo, Gestor de Infraestructura Vial Cantonal, Departamento de Infraestructura Vial Cantonal de la Municipalidad de Siquirres.
En respuesta a las preguntas formuladas por el diputado del Partido Liberación Nacional, Francisco Nicolás, Solano respondió que el horizonte de gestión antes del caso Diamante, es de hasta 30 días.
“La Municipalidad siguió la tendencia de hace contrataciones grandes en respuesta a que en varios procesos se veía el peligro de fraccionamiento de obras. Los carteles viales no tienen que tener cierto monto. La entrega según demanda es para evitar atrasos. Mediante Sicop se migró el año pasado”, señaló Solano.
La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, preguntó sobre funcionalidad. Solano contestó “que ingresó a laborar en el 2017. Los presupuestos de la municipalidad pasan de 500 a 1.800 millones anuales, después del 2017 en respuesta a una variación en la legislación”.
Solano dice que se cuenta con asesoría externa dedicada a atender los problemas de ocupaciones de terrenos, declaraciones de calle pública. La asesoría tiene cuestionamientos desde la Municipalidad de Limón.
El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, preguntó sobre las elaboraciones de carteles, a lo que responde que el funcionario las confecciona para el proyecto a ejecutar. Los criterios de la parte técnica, William Solano explica, se refieren a que esté el oferente al día y debidamente inscrito, que tenga experiencia y finalmente se revisa el precio. “Se está invirtiendo en mejora de la fiscalización. A partir de un informe del MOPT se hizo una contratación para el control de calidad”, agregó Solano.
