Redacción, 28 abr (elmundo.cr)- Quince Legisladores de seis bancadas legislativas presentaron este jueves una Consulta de Constitucionalidad ante la Sala IV sobre cuatro disposiciones del proyecto Ley N° 18.252 Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana, que fue aprobado en primer debate el pasado 26 de abril en el Plenario Legislativo.
La consulta fue elaborada por la bancada socialcristiana y apoyada por los libertarios, por el PASE y por el llamado bloque de Legisladores cristianos, a excepción del diputado Abelino Esquivel.
Esta medida fue presentada tras no aprobar el Plenario una moción presentada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con la que, según los socialcristianos, “se pretendía corregir uno de los principales vicios de constitucionalidad de los que adolece el proyecto: La inclusión de un Régimen de Contratación Especial que tanto la misma Sala IV como la Contraloría General de la República habían señalado antes que no se justifica por las condiciones actuales como opera el INCOFER”.
Las normas consultadas son los artículos 16 inciso ch), 3 incisos a) y ch) y el numeral 39 del proyecto, según informaron.
Respecto al artículo 16 inciso ch), los diputados cuestionan “la intención de crear un régimen de contratación diferenciado en favor del INCOFER, similar al que el legislador ya había aprobado en el pasado en favor del ICE y que en su oportunidad se justificó porque era para permitirle a esa última institución enfrentar el régimen de competencia al que sería sometido tras la apertura del mercado del Sector de Telecomunicaciones luego de la suscripción del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos-República Dominicana y su posterior aprobación mediante la Ley N° 8622”.
Según los legisladores, la realidad actual del INCOFER “no justifica un trato similar al que se le dio en aquella oportunidad al ICE”. Esta posición, según ellos, coincide con una tesis que la Contraloría General de la República ya había planteado sobre el mismo tema para alertar acerca de su preocupación por la evasión de controles que esta norma propiciaría en materia de contratación administrativa.
Sobre el artículo 3 inciso a), los diputados se refieren a la intención del proyecto de crear un marco competencial amplio y genérico a favor del INCOFER, al no especificarse en esta norma qué se entiende por “servicios conexos”, y permitirle a ese ente realizarlos, expresaron. A juicio de los consultantes, ampliar de manera inadecuada las competencias de este instituto le permitiría desarrollar otras inversiones en inmuebles de su propiedad, razón suficiente para precisar y delimitar mejor el contenido de tales “servicios conexos”, pues éstos podrían absorber ilegítimamente recursos que le fueron otorgados al INCOFER.
Respecto a la reforma al artículo 3 inciso ch), los legisladores hacen referencia a la política financiera y de endeudamiento que se le permite al INCOFER y que le facilita la posibilidad de endeudarse hasta un límite máximo de un 40% en relación con sus activos totales, “mismos que incluyen bienes demaniales y que por pertenecer al Estado no deberían ser considerados como parte de ese porcentaje, el cual, en todo caso fue adoptado por los señores diputados sin atender necesariamente a algún criterio técnico financiero que lo justifique”, afirmaron.
“En otras palabras el INCOFER podría negociar, contratar y ejecutar, créditos externos de mediano y largo plazo hasta el nivel de endeudamiento indicado sin necesidad de obtener la aprobación Legislativa, lo cual contraviene una competencia constitucional del Parlamento”, explicaron.
Sobre el artículo 39, aseguran que si finalmente se consulta si es constitucionalmente válido “que se autorice por Ley a las entidades públicas disponer libremente de bienes públicos para fortalecer al INCOFER y donarlos a ésta institución sin necesidad de autorización legislativa previa”, pidieron.
Por último, los diputados pidieron al Plenario legislativo que ante esta consulta suspenda la votación en Segundo Debate del proyecto en consulta, y en caso de que la Sala acoja las observaciones de los diputados consultantes, “el proyecto de Ley tendría que ser modificado para evitar que tales roces constitucionales continúen”, dijeron.
