San José, 25 nov (elmundo.cr)- Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público llamarán a cuentas al presidente ejecutivo, Carlos Obregón, y a la directora jurídica, Julieta Bejarano, por el arbitraje millonario que perdió el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con la empresa PH Chucás.
La moción para interpelar a los funcionarios será presentada por el congresista Mario Redondo, en la sesión del foro legislativo que se realizará el próximo jueves.
Además, la solicitud de investigación contará por el momento con el respaldo de Patricia Mora, del Frente Amplio, Otto Guevara, del Movimiento Libertario, Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, Víctor Morales, de Acción Ciudadana y Rolando González, de Liberación Nacional.
Los congresistas pedirán explicaciones a los funcionarios del ICE, luego de que EL MUNDO ayer diera a conocer que, después de dos años de estar sumido en un arbitraje, el instituto fue condenado a pagar cerca de $135 millones a favor de la compañía.
En otro proceso, el Tribunal Contencioso Administrativo acogió las medidas cautelares que solicitó la firma constructora, para que la institución pública no pueda cobrarle multas por los atrasos que se dieron en la entrega de la operación del proyecto hidroeléctrico Chucás.
Asimismo, se le ordenó al ICE el reintegro de unos $11 millones por concepto de multas cobradas a la desarrolladora de la obra en el cantón de Atenas.
El diputado Redondo señaló que su partido ha sido “muy celoso” con respecto a los errores y los abusos en el gasto público, repercutiendo en el bolsillo de todos los costarricenses.
“¿Cuánto le cuesta eso en tarifas eléctricas?, porque lo viene pagando la gente en aumento del servicio. Esta pérdida no va a salir de la bolsa de Carlos Obregón, ni tampoco de Julieta Bejarano, a la que le acaban de aumentar el salario en casi dos millones de colones”, dijo.
Para el parlamentario es “imprescindible” llamar a cuentas a las autoridades de la entidad, a la Comisión de Ingreso y Gasto público, en este tema que a su criterio “lo vale”.
La legisladora Patricia Mora acuerparía la iniciativa de Redondo, sobre todo para que se llame a declarar a la directora jurídica de ICE, a quien relaciona con la pérdida millonaria en el arbitraje.
Guevara, quien forma parte de la comisión, en conversaciones ayer con este medio de comunicación indicó que esas dos sentencias son “devastadoras” en las finanzas del instituto. LEA TAMBIÉN: Otto Guevara: Ambas sentencias tienen un efecto devastador en las finanzas del ICE
Otros congresistas, que no son miembros del órgano legislativo, también alzaron la voz por lo ocurrido en los dos procesos en que estuvo involucrada la entidad estatal, como es el caso de Jorge Arguedas y Ottón Solís.
Arguedas fue enfático en apuntar como “responsables” a Carlos Obregón y a Julieta Bejarano. LEA TAMBIÉN: Diputado culpa a Carlos Obregón y directora jurídica de millonario arbitraje perdido por el ICE
“La ley es muy clara. La autoridad jerárquica que induce a la institución a un error de estos tiene que pagarlo de su propio peculio, lo que pasa es que nunca se le da seguimiento a eso”, externó.
En cuanto a Solís, le pareció atinado y además felicitó al diputado Mario Redondo, por promover la moción para llamar a comparecer a ambos funcionarios públicos.
“Eso descuidos a veces son a propósito, esas derrotas del Estado en juicios que nos han costado carísimo. Felicito a Mario Redondo y ojalá que se llegue hasta las últimas consecuencias”, comentó.
A inicios de la actual Administración, la Comisión de Ingreso y Gasto Público hizo una advertencia al gobierno sobre el nombramiento de Obregón en la presidencia del ICE. Al respecto, el oficialista recordó que hubo quejas y cuestionamientos en ese sentido.
“Sobre todo a esa mujer Bejarano, que está ahí con él. Hay muchas historias de esa señora”, agregó.
La empresa PH Chucás S.A. estuvo a cargo de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chucas, en Atenas, que opera desde noviembre del año anterior.
En la mesa había un reclamo por sobrecostos de $164 millones que la entidad se negó a reconocer, al considerar que la responsabilidad más bien recaía en el contratista, ya que el proyecto pasó de $107 millones a $280 millones.
De acuerdo con el ICE, la planta hidroeléctrica tuvo que entrar en operación el 27 de setiembre del 2014, sin embargo la empresa encargada del proyecto incumplió dicho plazo por lo que la institución del Estado procedió a multarla.
El proceso millonario, que ganó PH Chucás, se tramitó en el centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Norteamericana de Comercio (AmCham).
La planta hidroeléctrica tiene una capacidad de producir 50 megavatios y según el contrato firmado entre las partes, la empresa PH Chucás S.A, constituida por los inversionistas Enel IELESA, Enel Green Power de Costa Rica e Inversiones Eólicas La Esperanza, S. A, tenían 3 años para construir la planta y 17 años para operarla y vender la electricidad al ICE.
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