San José, 11 oct (elmundo.cr) – Diputados de casi todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa presentaron la semana anterior un proyecto de reforma constitucional, con el que pretenden librar a sus agrupaciones de tener que comprobar los gastos de campaña ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), como en la actualidad se hace.
El cambio consiste en que una vez que el TSE determine la cantidad de votos válidos emitidos durante las elecciones generales del 2018 y aquellas agrupaciones que alcanzaron el umbral del 4% de los votos recibidos, reciban lo más pronto posible los dineros por deuda política. De este modo, los partidos obtendrían dinero por cada voto que reciban en los comicios, en lugar de tener que justificar gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que este autorice el giro de los recursos.
Los diputados argumentan que esto tiene como fin que el TSE gire los dineros lo más pronto posible y no tener que esperar meses, inclusive años, para obtener la retribución alcanzada tras un proceso electoral.
Esta reforma se incluye dentro del mismo proyecto de Ley que pretende rebajar el aporte estatal a los partidos políticos de un 0,19% del Producto Interno Bruto (PIB), del año trasanterior a las elecciones, a solo 0,11%.
Ayer la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de Ley de Ottón Solís, con el cual modifican un transitorio del Código Electoral vigente, para que ese 0,11% se aplique a los comicios del 2018 y 2020, mientras el Congreso aprueba la reforma a la Constitución Política, la cual requiere de cinco debates –tres más que un proyecto de Ley normal– y que deben efectuarse en dos años legislativos distintos, además de ser mencionado por el Presidente de la República durante su discurso del 2 de mayo.
En su exposición de motivos sobre el proyecto, los legisladores agregan que la iniciativa tiene como propósito permitir que los recursos que le correspondan a cada partido por deuda política, puedan usarse para gastos de operación permanente, cosa que en la actualidad no está permitida por interpretaciones que hace el Tribunal Supremo de Elecciones.
Los diputados reconocieron que el punto principal de este proyecto es introducir el sistema de “valor por voto”.
La reforma específicamente señala que “el monto total asignado para la contribución estatal se dividirá entre el financiamiento indirecto que administre el Tribunal Supremo de Elecciones bajo el principio de equidad en favor de los partidos políticos, y entre el número total de los sufragios válidamente emitidos lo que establecerá el valor por voto individual. Los partidos con derecho a contribución estatal recibirán está conforme a los votos emitidos a su favor”.
Además, los legisladores pretenden que se les reconozca el financiamiento indirecto, el cual según ellos comprende transporte público gratuito, exención de impuestos a las donaciones, acceso a los medios de comunicación, impresión de planes de gobierno, servicio postal y de correspondencia entre otros.
Con respecto a la eliminación del requisito de comprobación de gastos para liquidar el dinero al que los partidos tienen derecho, los diputados afirman que la principal razón del cambio es que “la comprobación de estos gastos se convirtió en un obstáculo para que los partidos accedan a los recursos estatales”.
“Un problema es el tiempo de respuesta del Tribunal, ya que los partidos no reciben el dinero de forma expedita. Otro problema es que no todos los gastos son autorizados. Esto ha significado que luego de cada elección, los partidos reciban menos dinero del que gastaron, lo cual los pone en riesgo de quedar en estado de insolvencia”, afirman los legisladores en su iniciativa.
Entre las razones por las que el Tribunal Supremo de Elecciones no aprueba los gastos de los partidos se encuentran incumplimiento de requisitos en los documentos, presentación extemporánea de información, incongruencia entre documentos y otros.
Los legisladores afirman que en lugar de que el TSE tenga que comprobar los gastos y luego hacer el giro del dinero, ahora dará los recursos y luego se dedicará a fiscalizar que los mismos se utilicen de forma correcta.
