San José, 13 may (elmundo.cr) – Varias fracciones legislativas impulsan una iniciativa para que las instituciones educativas queden exentas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en lo referente a subsidios, becas y ayudas para el estudio de la población estudiantil.
Diputados de las fracciones del Frente Amplio, Liberación Nacional, Progreso Social Democrático y Nueva República presentan el proyecto 23.108 La ley de protección de la inversión pública en becas y otras ayudas para la población estudiantil, el cual pretende agregar un inciso nuevo al artículo 6 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con el fin de que no se vea limitada la inversión social destinada a becas, beneficios complementarios y demás ayudas que otorgan las instituciones públicas a los estudiantes.
La pandemia de COVID-19 provocó que los ingresos de las familias del país disminuyeran, profundizando la pobreza y elevando el desempleo a un máximo histórico.
Las demandas de ayudas y subsidios públicos para la educación aumentaron, sin embargo, la aplicación de la regla fiscal está afectando el adecuado funcionamiento de los programas de equidad en el acceso y permanencia del Ministerio de Educación Pública.
Un ejemplo de esto es el recorte de 21 mil millones de colones en las transferencias del MEP al IMAS para las Becas Avancemos y el programa de entrega de útiles escolares.
Las firmas que acompañan el proyecto son las de los diputados del Partido Frente Amplio: Jonathan Acuña, Sofía Guillen Pérez, Ariel Robles Barrantes, Priscilla Vindas Salazar, Antonio Ortega Gutiérrez y Rocío Alfaro Molina.
También las de los diputados del Partido Liberación Nacional: Andrea Álvarez Marín, Sonia Rosa Méndez, Geison Valverde Méndez, Montserrat Ruiz Guevara, José Joaquín Hernández Rojas, Katherine Moreira Brown, Rosaura Méndez Gamboa, Gilberth Adolfo Jiménez, Paulina Ramírez Portuguez y José Francisco Nicólas.
De la fracción del Partido Progreso Social Democrático se sumaron: Luz Mary Alpízar, Ada Acuña Castro y Jorge Antonio Rojas López. Y del Partido Nueva República Gloria Navas y David Lorenzo Segura Gamboa.
“La aplicación de la regla fiscal a estos programas impacta directamente a la reactivación económica y a los esfuerzos para mejorar la condición de empleabilidad del país”, sostienen los legisladores.
“Con este proyecto de ley reafirmamos nuestro compromiso para garantizar que ninguna persona vea violentado su derecho a la educación por limitaciones económicas”, concluyeron.
