San José, 20 feb (elmundo.cr)-Con tal de evitarle daños al ICE y al Banco Nacional, los diputados de la Comisión Especial que investiga los créditos bancarios apelan a que el Poder Ejecutivo intervenga y salve el proyecto hidroeléctrico Capulín, que está a cargo de la empresa Hidrotárcoles.
Pese a que el proyecto tiene un 50% de avance, y existen documentos donde el ICE y la compañía acuerdan una ampliación del plazo de entrada de operación de la planta, los jerarcas del instituto actuaron de forma “arbitraria” y resolvieron el contrato en días pasados.
Con ello, la institución ahora se expone a una nueva demanda millonaria, ya que a finales del año pasado no salió bien parada de un arbitraje internacional con la empresa PH Chucás, donde fue condenada a pagar más de $150 millones.
Consultada de a quién le toca responder por la deuda de $107 millones, si al Banco Nacional o al ICE, la contralora general de la República, Marta Acosta, se abstuvo de emitir un criterio, ya que el caso se encuentra actualmente en los estrados judiciales. LEA TAMBIÉN: Contralora desmiente al ICE sobre plazo del contrato con Hidrotárcoles
A esto, Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), coincidió con Acosta en que el tema está en tribunales y que es poco lo que los diputados pueden resolver.
Además, Solís reiteró que tanto el Banco Nacional como Hidrotárcoles han presentado documentación que señala un comportamiento del ICE a favor de la ampliación del plazo de entrada de operación del proyecto.
Por lo anterior, el legislador no se explica, al igual que la mayoría de los diputados del foro legislativo, el por qué las autoridades de la institución ahora quieren disolver el contrato, pese a que hay un decreto ejecutivo que señala la necesidad de los 50 megas que iba a suplir Hidrotárcoles con el proyecto.
“Otra evidencia que ofrece Hidrotárcoles y el Banco Nacional es que el ICE entregó en junio de 2015 una matriz informativa en que aparece este proyecto para entrar en operaciones en 2017.
“Después un par de cartas donde el ICE le dice a la empresa que podrá cambiar la fecha garantizada y ésta contesta que será en agosto de 2017, estos son documentos escritos”, añadió Solís.
Al respecto, tanto Otto Guevara como Jorge Arguedas y Rafael Ortiz coincidieron en el sentido de que el proyecto no se debe caer y que impera un principio de interés público, con respecto al desarrollo de la hidroeléctrica.
“Esto es una sacada de clavo de Carlos Obregón con el Banco Nacional, cuando el banco les dijo que no aceptaba a la empresa de Julieta Bejarano para supervisar (proyectos), y de ahí se fueron del Banco Nacional al BCR”, cuestionó Arguedas.
El frenteamplista preguntó ¿”el Banco Nacional cuántos proyectos ha financiado?”, a lo que el mismo se respondió “montones”, y de seguido le achacó la responsabilidad al ICE de solicitarle a la empresa un cronograma de trabajo, que luego dio por bueno, donde venía la nueva fecha de inicio de operaciones de la planta.
“¿No tiene valor de adenda?, pero el acto motivado tiene valor de adenda o no tiene valor de adenda? Decía don Rafa, vamos a tener que hacer una cuestión turística para ver cómo se votan los recursos de este país.
“Qué jodido porque era público y notorio, porque en ese cantón el más pobre de San José, van a hacer un proyecto, el ICE metió su equipo técnico allí, al día a día, y lo dijo Eduardo Mora, y titubeó si era una decisión política o técnica, pero la decisión técnica está sobre la legal, ¿para qué abrieron el sector?”, comentó.
Al malestar de los diputados, también se suma lo expuesto por los personeros del Banco Nacional, quienes recordaron que en el camino hubo una resolución de un juez, en la que se le ordenaba al ICE suspender los oficios que paralizaban el proyecto de interés público.
Esto ocurrió el 19 de abril de 2016, cuando a la entidad se le exigió continuar con la ejecución del contrato, mientras que el Banco Nacional tuvo que seguir con los desembolsos del crédito otorgado a la empresa.
“Un bombazo de $130 millones al Banco Nacional lo pone en una situación comprometida. Si ese proyecto se cae le hacemos un daño al banco y lo ponemos en una situación complicada. Lo que añoro es el liderazgo del Poder Ejecutivo para ver si arreglamos esta vaina”, manifestó Otto Guevara.
El libertario agregó que “ha fallado el Poder Ejecutivo, el ICE muestra intenciones extrañas, ha habido tratamiento diferente en torno a los atrasos, a unos les da un trato y a otros otro trato”, al tiempo que resaltó el riesgo de que el desarrollador demande al ICE, que ya de por sí tiene que hacerle frente a una por $110 millones.
“Si hay voluntad política, creo que puede arreglarse”, enfatizó Guevara.
CAMBIO EXTRAÑO DE POSICIÓN
El diputado del PLN, Julio Rojas, se mostró extrañado por las variaciones en las posiciones del ICE, máxime cuando el administrador del contrato por parte de la Institución, Eduardo Mora Bermúdez, había avalado los cambios de fecha de inicio de operación de Hidrotárcoles.
“Cuando él (Mora Bemúdez) hace una aceptación que podrían ampliarse los plazos de construcción, ¿cómo es posible que luego la junta directiva diga que en consideración a lo que ellos alegan es una disposición de la Contraloría, no puede ampliarse el plazo?”, cuestionó Rojas.
La contralora evitó decir quién debe garantizar el pago del crédito del Banco Nacional, en vista de que el tema en estrados judiciales, y así se lo hizo ver a la diputada Patricia Mora del Frente Amplio.
“Doña Patricia, no quisiéramos entrar a discutir a quién le corresponde la deuda, porque hay un proceso para resolver este contrato y hay un tema que se está dirimiendo en los tribunales, es algo que está por definirse”.