San José, 2 dic (elmundo.cr) – Los legisladores que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Económicos dictaminaron de manera afirmativa el expediente 22687, que busca condonar los marchamos atrasados al pagar el correspondientes al del 2022. Los congresistas acordaron avanzar con esta iniciativa y por medio de mociones 137 se presentaría un texto sustitutivo.
El proponente de este proyecto de ley, el diputado oficialista, Luis Ramón Carranza explicó que lo que se pretende es beneficiar a decenas de familias que por diversas razones no han podido realizar el pago del derecho de circulación. “Con esto ayudamos a las familias y al fisco que al menos podrá recaudar un poco”, señaló Carranza.
La propuesta base establece que el Ministerio de Hacienda condonará el monto a cancelar por concepto de impuesto a la propiedad de los vehículos automotores previo al año 2022 de aquellos vehículos automotores que adeuden más de dos derechos de circulación, creado por el artículo 9 de la Ley 7088, Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, de 30 de noviembre de 1987.
Las exoneraciones no serán aplicables a ningún vehículo de cualquier tipo o motocicleta, propiedad personal o de sus cónyuges o convivientes, así como aquellos registrados a nombre de personas jurídicas en las que tengan participación los miembros de los Supremos Poderes, el presidente de la República, los vicepresidentes, los ministros y viceministros, los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y subcontralor de la República, el procurador y subprocurador General de la República, la defensora y defensora adjunta de los Habitantes, el superintendente General de Entidades Financieras (Sugef), el superintendente General de Valores (Sugeval), el superintendente General de Seguros (Sugese), el superintendente General de Pensiones (Supén), los jerarcas y miembros de las juntas directivas de los bancos del Estado y de las instituciones públicas, los alcaldes, vicealcaldes e intendentes.
