San José, 17 nov (elmundo.cr) –La tarde de este martes la Comisión de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el proyecto 21.012, Ley para libertad religiosa y culto.
Este proyecto tiene como objetivo garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad religiosa y de culto que gozan todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, sean habitantes de la República o no.
Además, establece los parámetros básicos para el funcionamiento de las organizaciones religiosas, en atención al principio de auto regulación que está consagrado en los indicados instrumentos internacionales y prohíbe toda acción u omisión que, directa o indirectamente, discrimine a una persona o grupo de personas por razón de sus creencias religiosas.
Esta ley recalca que el Estado debe garantizar el respeto de las expresiones religiosas de los pueblos indígenas que habitan en el territorio de la República, así como su derecho a ejercerlas de manera individual y colectiva, tanto en público como en privado, según sus tradiciones y cultura; de igual manera, el derecho de cada uno de los habitantes de estos territorios de conservar su religión, cambiarla, profesarla, recibir proselitismo religioso y divulgarla.
La Dirección General de Culto sería la dependencia estatal encargada de velar por la correcta aplicación de esta ley y fungirá como el nexo entre el Estado y las organizaciones religiosas, con el fin velar por el ejercicio de los derechos propios de estas entidades y de los ciudadanos que, en el ejercicio de su fe, tienen relación con estas.
