San José, 13 may (elmundo.cr) – Los diputados del Liberal Progresista presentaron el proyecto 23.110, Ley del Servicio de Transporte Privado Colaborativo.
La propuesta fue redactada en el Despacho del diputado Gilberto Campos Cruz, representante de la provincia de Heredia.
Campos señaló que el proyecto salda una deuda que los dos gobiernos anteriores no quisieron atender: regular las plataformas de la economía colaborativa en materia de transporte.
Para Campos, es necesario legislar en ese sentido pues las plataformas o apps han contribuido a llenar el enorme vacío de empleo que sufre el país por ausencia de políticas de generación de puestos de trabajo y reactivación económica durante las administraciones 2014-2018 y 2018-2022.
“La plataformas de economía colaborativa en transporte son una herramienta que le ha salvado la vida a muchísimas personas en medio de la pandemia, que han buscado la forma de hacer dinero para ayudar a sus familias cuando han sido despedidas de sus trabajos”, comentó Campos.
Según el legislador la propuesta pretende establecer las condiciones mínimas regulatorias para legalizar la operación de las plataformas de economía colaborativa en modalidad de transporte privado colaborativo de personas.
Según datos oficiales de una de las empresas que opera en ese mercado, hasta el 2020, antes del estallido de la pandemia, al menos 28.000 personas se ganaban su sustento brindando el servicio de transporte de personas.
El título II del proyecto define los requisitos con los que deberán cumplir las empresas de Transporte Privado Colaborativo para operar en el país:
- Vigilar y comprobar el cumplimiento de los requisitos para los Prestadores del Servicio de Transporte Privado Colaborativo que se detallan en el artículo 7 de esta Ley.
- Cumplir con las regulaciones fiscales aplicables, según lo establecido en la Ley N° 6826 del 8 de noviembre de 1982, Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a la Ley N° 7092 del 21 de abril de 1988, Ley del Impuesto Sobre Renta.
- Aceptar la moneda de curso legal en el territorio de la República, ya sea en efectivo, por transferencias electrónicas u otros métodos de pago legales.
En cuanto a los requisitos para que las personas se constituyan en prestadores del servicio de Transporte Privado Colaborativo, el proyecto pretende establecer que estos no cuenten con antecedentes penales; no haber sido sancionados por conducir bajo efectos del alcohol o psicotrópicos; por conducción a alta velocidad temeraria en los últimos cinco años, contar con una póliza de seguro automotor por responsabilidad civil frente a terceros; entre otros.
Sobre los vehículos, la propuesta establece que estos deben tener marchamo vigente, placas metálicas, certificado de cobertura y revisión técnica al día.
Además, las empresas de Transporte Privado Colaborativo deberán garantizar la protección de los datos del consumidor de los servicios que prestan sus socios.
La iniciativa a la vez apoya la modernización del servicio de taxi y su relación con el usurario, al abrirles la puerta para que creen y utilicen plataformas tecnológicas para ofrecer sus servicios.
El proyecto autoriza a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) a implementar una aplicación tecnológica que sustituya al taxímetro tradicional, por uno virtual que facilite la competencia en procura de mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios.
