San José, 22 de nov (elmundo.cr) – Distintos diputados del Partido Liberación Nacional, se manifestaron posterior al retiro de la firma del apoyo al proyecto 23.471, el cual pretende atrasar la entrada en vigencia de la Ley 9.986 “Ley General de Contratación Administrativa” hasta el 1 de diciembre del 2023, que fue propuesto por su compañera de fracción, Carolina Delgado.
La iniciativa de la liberacionista fue vista con buenos ojos por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, ya que lo convocó en este periodo de sesiones extraordinarias. Para Delgado es urgente la aprobación de este proyecto y tal como argumentó, considera que debería quedar aprobado esta misma semana, ya que de no ser así, entraría en vigencia lo establecido desde el gobierno anterior, que ponía en acción la ley para el 1 de diciembre del presente año.
Sin embargo, para sus compañeros de fracción Danny Vargas, Sonia Rojas, Alejandra Larios, Pedro Rojas, Óscar Izquierdo, Francisco Nicolás, Paulina Ramírez, Luis Fernando Mendoza y Montserrat Ruiz, considerando inoportuna la postergación, ya que la misma jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, manifestó un medio de comunicación que el Gobierno sí está listo para cumplir con esta ley, cuyo reglamento debe estar listo el 1° de diciembre.
“Yo quiero dejar una cosa muy clara, el Ministerio de Hacienda ha tenido el reglamento a tiempo y en forma exactamente como lo manda la ley, no son instituciones de Gobierno o autónomas las que tienen problema porque han venido usando Sicop. Según lo que tengo entendido, hay entidades que no están preparadas, las juntas de educación, algunas municipalidades”, destaca Cisneros en el programa Nuestra Voz de Radio Monumental.
Debido a las declaraciones de la oficialista, el diputado liberacionista Francisco Nicolás, considera que no hay nada en particular a retirarle la firma a un proyecto de una compañera, ya que el va más allá de una bancada y considera que el actúa en consecuencia a lo que sea lo mejor para el país.
“El proyecto sonaba bien, pero si hay instituciones pendiente de estar en orden, pueden trabajarse por aparte y así que el Estado no tenga estas pérdidas que representan cerca de ₡500 mil millones, así que ¿por qué retrasar la entrada en vigencia de la ley? Es necesario que el país tenga procesos más transparentes, que representen ahorro y menos corrupción para todos, máxime si se ha tenido cerca de año y medio para que todas las instituciones estuvieran en orden”, agregó Nicolás.
Por su parte, los diputados Alejandra Larios y Danny Vargas, coincidieron en declarar que lo manifestado por parte de la jefa de fracción oficialista, es una prueba muy clara de que si el mismo Gobierno indica que ya cuenta con tener todo preparado para que el Ministerio de Hacienda, ellos consideran que lo mejor es retirar la firma y restarle la importancia al proyecto, ya que no tendría ningún sentido darle continuidad.
Ambos recalcaron que inicialmente la diputada proponente les manifestó que habían instituciones con procesos pendientes, por eso respaldaron la idea, pero que si Cisneros indicaba que se tenía todo al día, lo mejor era dejar el proceso ahí. “El proyecto no es tan siquiera de la bancada oficialista, así que si tuviese la importancia necesaria, ellos deberían de encargarse de la nueva recolección de las firmas”, agregó Vargas.
Por su parte, Montserrat Ruiz, recalcó que se debe tomar en cuenta que han pasado 18 meses de la aprobación de la Ley 9.986, tiempo suficiente para que el Gobierno estuviese preparado. “Aplazar la entrada en vigencia de esta ley significaría incumplir los compromisos adquiridos con la OCDE y un retroceso en el camino hacia la transparencia y eficiencia en las compras y contrataciones públicas”.
Según datos de la Contraloría General de la República, la entrada en vigencia de esta ley ahorraría ¢587 mil millones anuales para el Estado, al obligar a las instituciones a utilizar la plataforma digital única.
