San José, 21 set (elmundo.cr) – Los diputados del bloque cristiano y un representante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentaron este lunes ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad para impugnar el decreto presidencial que busca autorizar la aplicación de la Fecundación in Vitro (FIV) en el país.
Gonzalo Ramírez de Renovación Costarricense (PRC), Fabricio Alvarado de Restauración Nacional (PRN), Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), y Luis Vásquez del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se presentaron esta mañana con la acción de inconstitucionalidad que se añade al recurso de amparo presentado el 15 de setiembre contra el decreto.
Los legisladores indicaron que confían en que la Sala IV les dará la razón y declarará inconstitucional el decreto que pretende autorizar la técnica de la FIV.
El diputado Gonzalo Ramírez, del partido Renovación Costarricense aseguró que la acción está debidamente argumentada y objeta cuatro aspectos del decreto: la independencia de poderes, la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, la reserva de ley en cuanto a la protección de la vida y el bien superior del niño.
“No existe jurídicamente un “derecho a tener hijos” y en procura de tenerlos no se puede permitir que se sacrifiquen embriones indiscriminadamente. Eso el decreto presidencial no lo resguarda, como tampoco no protege la vida humana desde la concepción, ni resguarda la salud pública al imponer a la CCSS una técnica sin proveerle de presupuesto; por eso presentamos esta acción de inconstitucionalidad”, señaló Ramírez.
El decreto que pretende autorizar la FIV fue firmado por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el pasado jueves 10 de setiembre como una respuesta al plazo que otorgó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, los legisladores objetan que este tema debe ser regulado por una Ley y no por un decreto.
El 15 de setiembre por los diputados del bloque evangélico y del PUSC presentaron también ante la Sala IV un recurso de amparo para objetar el decreto presidencial.
