Asamblea Legislativa, 11 ago (elmundo.cr) – Tras los desalojos de las familias campesinas en el sur varios diputados de diferentes fracciones legislativas, han manifestado su inconformidad con el acuerdo conciliatorio establecido entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el empresario Óscar Echeverría Heigold, según ellos, dicho acuerdo carece de legitimidad jurídica.
Los legisladores coinciden en que dicho acuerdo, y con principal énfasis el artículo número tres del documento conciliatorio, el cual establece que “La parte actora se compromete a coordinar con la Fuerza Pública el desalojo dispuesto en esta resolución y eventualmente con alimentos y transporte para los miembros de la Policía“, tal y como lo dio a conocer días atrás el EL MUNDO, es un acuerdo improcedente ya que no se cuenta con el respaldo legal necesario.
Entres la razones que alegan los legisladores, destacan que el señor Echeverría no es el propietario legal de las fincas desalojadas sino su arrendante, y el contrato de arrendamiento que este poseía sobre las tierras, venció en 2011, aproximadamente tres años antes de conciliar con la PGR.
Según el diputado, Olivier Ibo Jimenez del Partido Liberación Nacional (PLN), hubo una falla por parte de la PGR al entrar en un convenio con el empresario, y conciliar una negociación sin antes analizar a profundidad las facultades legales.
“Además esto que le está dando Echeverría a las autoridades, para que se desplacen allá, para que coman, esto yo no lo veo correcto (…), eso ya comienza a ser un tráfico de influencias y se está afectando directamente a la gente humilde”, manifestó Ibo Jimenez.
Por su parte, el diputado de la fracción legislativa del Frente Amplio, José Ramírez Aguilar, considera que existe una falta de capacidad del gobierno y de las instituciones de autoridad del gobierno, las cuales no revisaron a profundidad las pruebas y la documentación, antes de tomar una desición legal.
“Efectivamente lo de Térraba no procede, pero aún así recibe la venia del gobierno, y ahora estamos en esta situación donde se exponen familias, niños, niñas y se les destruye su casa y su vida. El ciudadano costarricense tiene que imaginarse lo que sería quedarse sin casa, totalmente en la calle, es más hasta los perros se quedaron sin casa”, por una decisión improcedente de la PGR, comentó Ramírez.
El diputado el Partido Frente Amplio, está realizando las investigaciones pertinentes para conocer las razones y las condiciones legales, en las que se amparó la Procuraduría para llevar a cabo una conciliación de este tipo.
“Queremos saber qué fuerzas, cuáles son los intereses que se están moviendo para llevar a los campesinos hasta esta situación tan crítica, eso es lo que estamos investigando, porque aquí hay algo grande, y no es así simplemente por
error ó por mal entendido, ó porque no comprenda el gobierno, qué no han querido resolverles a estos campesinos”, aseguró Ramírez.
Sobre el tema también se pronunció Gerardo Vargas Rojas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien procedió días atrás, a solicitarle las aclaraciones necesarias a Procuraduría.
“Esa es una prueba más del horror cometido por el abogado del Estado y vamos a exigir una respuesta, nos parece que lo pactado no solo es ilegítimo, porque no es razonable que no se hayan dado cuenta de que el contrato de arrendamiento de Echeverría Heigold, estaba vencido y que la propiedad en cuestión no está a su nombre.
“Ahora se suma que los viáticos los pague el empresario, eso me suena todavía más sospechoso, yo no sé si esto es normal, hay que exigir una respuesta a la Procuraduría General de la República”, concluyó Vargas Rojas.
Es importante aclarar que según el Código Procesal Civil, es el “legitimado” quien debe correr con los gastos de desalojo, el cual responde a la figura de poseedor, propietario, usufructuario y/o arrendatario, y Echeverría Heigold carece, tanto cuando solicita el desalojo como cuando se firmar el acuerdo conciliatorio con la PGR, de cualquiera de estas cualidades legales.
