Por Claribel Sánchez y María José Rojas
San José, 12 may (elmundo.cr) – El pago del incentivo salarial de la prohibición para dos asesores de Casa Presidencial, ha desatado fuertes críticas de diputados de varios partidos políticos.
Los asesores Diego González y Rebeca Sandí, reciben el pago de la prohibición sin que exista un sustento legal claro para disfrutar de este beneficio en el caso de ellos.
Los asesores en mención no han concluido con la Licenciatura en Derecho, por lo cual no pueden hacer ejercicio liberal de la profesión. La prohibición se paga con el fin de que un funcionario público no ejerza su profesión fuera de la Administración Pública.
Al respecto el diputado del partido Liberación Nacional, Ronny Monge indicó “nuevamente la transparencia del PAC de la ética es bastante elástica y que cuando en otros gobiernos se daban nombramientos sin cumplir requisitos hablaban que era lo peor de la corrupción”.
“Creo que en el PAC nuevamente en el gobierno vuelve a demostrar que su ética cambia cuando es oposición que cuando es gobierno”, agregó Monge.
Para el jefe de fracción del partido Unidad Social Cristiana Johnny Leiva “si una persona que no está incorporada al colegio respectivo y la ley pide como requisito para poder establecer la prohibición que este incorporado a un colegio pues me parece que ningún funcionario público debería estar recibiendo ese incentivo ya que la ley lo impide”.
Según el diputado Jorge Arguedas los asesores “tendrían que devolver los dineros, esos son juicios contenciosos administrativos que alguien debería ponerlos para que devuelvan los dineros y se castigue a los responsables, es que hay un delito porque están usando los fondos públicos para pagar salarios que no vienen al caso, además hay un caso de mala utilización de fondos públicos”.
Su compañera de bancada en el Frente Amplio, Patricia Mora, indicó “ese es un caso muy delicado porque para que un trabajador o una trabajadora tenga derecho a ese tipo de incentivos hay unos requisitos que hay que respetar, así como nosotros consideramos que cuando se tienen los requisitos hay que respetar esos incentivos que existan son estímulos, hay que tener un título y estar debidamente incorporado al colegio profesional respectivo, así que eso es absoluta y totalmente ineludible eso hay que cumplirlo”.
Gerardo Vargas Rojas diputado socialcristiano fue enfático al asegurar que “el PAC lleva 15 años criticando ese tipo de prácticas, aquí están haciendo un traje a la medida para favorecer a dos personas en particular, hay cerca de 20 mil abogados legalmente colegiados, yo lamento que quién decide esto en Zapote no haya encontrado alguien que llene sus satisfacciones profesionales, yo lamento mucho que el PAC que lleva dando cátedra sobre ética le haga un traje a la medida para favorecer a dos personas allegadas, este es un caso similar a otros que hemos vistos donde el código de ética solo vale en oposición y no en gobierno”.
Para el legislador Fabricio Alvarado “este caso viene a sumarse a otra serie de incongruencias que hemos encontrado en este gobierno y que definitivamente deben llamar a la reflexión al señor presidente y a sus ministros porque yo pienso que deben ser los primeros que deben dar el ejemplo, no lo están dando en cuanto a ser consecuentes con aquel mejor equipo que nos prometía don Luis Guillermo Solís”.
“No estoy hablando de la capacidad de estos asesores, pueden ser buenos asesores, pero creo que el marco jurídico es muy claro en cuanto a los requisitos que se deben cumplir para trabajar en Casa Presidencial o en la Asamblea Legislativa, no tiene sentido que una persona que no cumpla los requisitos este recibiendo incentivos para los cuales se deben cumplir con esos requisitos”, finalizó Alvarado.
Se intentó obtener reacciones de diputados del partido Acción Ciudadana, pero evitaron referirse al tema.
