San José, 25 set (elmundo.cr) – Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos cuestionaron fuertemente a Nogui Acosta, viceministro de Hacienda por el rechazo a implementar el proyecto de Ley contra la adulteración, imitación y contrabando de bebidas alcohólicas.
La conclusión a la que llegaron algunos diputados es que el Ministerio de Hacienda está favoreciendo el contrabando en el territorio nacional.
Durante la exposición, el viceministro Acosta señaló que el contrabando ronda una quinta parte del consumo nacional, es decir, un 20% aproximadamente.
Al respecto, señaló que Hacienda dejaría de percibir una cifra alrededor de ¢21 mil millones anuales por no pago de los impuestos correspondientes.
Sobre el Proyecto de Ley, Acosta mostró su desacuerdo argumentando que esa acción no eliminará el comercio ilícito. La trazabilidad tiene un alto costo y no lograría evitar el contrabando.
El Ministerio de Hacienda reconoció que carece de la experticia para verificar si el alcohol está falsificado o no, así como también para identificar el estado de los licores.
“Necesitamos involucrar no solo al Ministerio de Hacienda desde el punto de vista de cuál es el costo que implica una medida como la que se plantea en el Proyecto de Ley, sino también de la incorporación de otros ministerios que tienen que ver en relación con los objetivos del proyecto mismo”, observó el viceministro.
“En ese sentido estamos diciendo, desde el punto de vista táctico, que hay que hacer un alto y tratar de encontrar una redacción para que todos empecemos a cumplir con nuestros objetivos”, agregó.
Acosta mencionó que el contrabando es una realidad económica y que atacarlo es una obligación del Estado. No obstante, acotó que la medida en la cual exista contrabando dependerá mucho del tipo de restricción, la carga impositiva y una serie de elementos que exista ese flujo.
Por su parte Alicia Avendaño, directora tecnologías de información y comunicación, contradijo al viceministro al señalar que la trazabilidad es técnicamente viable y es usada internacionalmente, el tema que hay que analizar es si es económicamente viable dicha tecnología.
El diputado Daniel Ulate del PLN no ocultó su disgusto por la posición del Ministerio de Hacienda. Ulate señaló que, con los argumentos del Ministerio de Hacienda, el Poder Ejecutivo engaña a la población.
El liberacionista cuestionó que cuando se estaba estudiando lo de la canasta básica, ahí el gobierno sí estuvo pensando en el tema de trazabilidad, pero no entiende cómo ellos y el sector privado se oponen a este tipo de tecnología.
“No entiendo cómo un viceministro de este país se refiere a que el costo es elevado y que por eso no tomemos medidas. Dejemos que las cosas sigan pasando, dejemos que la gente siga muriendo”, añadió.
Otro de los que alzó la voz contra la postura hacendaria fue el legislador Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), manifestó que por muchos años la administración pública, con la complacencia del sector privado, impide la colocación e instalación de escáneres en las aduanas.
Por su parte la diputada del PAC, Paola Vega dijo que “es la primera vez que veo una Cámara de Industrias y un Ministerio de Hacienda hablando en contra para regular un proyecto de contrabando. No hay perdedor más grande que el empresario formal y el Ministerio de Hacienda en la cadena de contrabando. Quisiera escuchar una reactivación más proactiva en el entendido de dar soluciones para una viabilidad en este proyecto”.
El diputado José María Villalta exigió a Acosta una serie de criterios técnicos y no especulaciones para que el Ministerio de Hacienda de su posición de rechazo.
Villalta, dijo que “es un caso inédito en el mundo, el gobierno y las cámaras están en concertación permanente contra un mecanismo de trazabilidad para ayudar a reducir el contrabando y la evasión fiscal. Usted parece un lobbista, pagado por alguno interesado para que esto no se haga y no un viceministro de Hacienda”.
