San José, 19 dic (elmundo.cr) – El diputado del Partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, presentó, junto con otras diputaciones de diferentes fracciones legislativas, el proyecto de Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y que estará bajo el expediente 23.511.
La Ley de Aguas No. 276 del 27 de agosto de 1942 cumplió 80 años de vigencia en Costa Rica con un modelo agroexportador que dependía del café, el banano, la caña de azúcar y el cacao. Por varias décadas ha sido una herramienta jurídica de gran importancia para la gestión del agua, pero que requiere de una reforma apegada a las exigencias medio ambientales, así como la vulnerabilidad y el cambio climático.
Según Izquierdo, el objetivo de este proyecto de ley es encontrar un equilibrio sobre su disponibilidad, el uso y protección efectiva del recurso, con la participación de todos los sectores de la sociedad bajo la tutela y administración del Estado, a partir de una fundamentación científica y técnica con una visión de manejo sostenible.
El liberacionista considera que con la creación de una Ley Marco del Recurso Hídrico, se busca garantizar su protección y conservación, así como el aprovechamiento y el uso sostenible del recurso hídrico por considerarlo de dominio público e interés social, siendo necesario una legislación moderna que facilite los procedimientos administrativos adecuados para las exigencias del siglo XXI.
“La necesidad de regular el agua debido a las múltiples necesidades que tienen lugar, sobre todo en las zonas con fragilidades de vida comprobadas, por la escasez y ausencia del agua potable, es impostergable la presentación de una ley marco o una ley general del recurso hídrico que racionalice el uso y distribuya de manera justa el agua, con una rectoría y gobernanza clara para una gestión eficiente”, afirmó el diputado legislador.
El congresista compartió, que tras una discusión amplia, participativa, continua y rigurosa se recabaron los principios fundamentales sobre la sostenibilidad del recurso hídrico en el cumplimiento del mandato constitucional del derecho al agua y el reconocimiento como derecho humano por parte de los organismos internacionales y atender los estándares en esta materia.
La elaboración de este nuevo proyecto recoge los acuerdos alcanzados de las versiones anteriores con la participación de actores públicos, estatales, privados, sociedad civil y la presencia de las diferentes fuerzas políticas del parlamento.
