San José, 20 feb (elmundo.cr) – Por segunda legislatura consecutiva, la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley 23.861 sobre sellos negros nutricionales.
Diversas organizaciones empresariales celebraron la decisión, calificándola como una muestra de “sensibilidad hacia la realidad de la micro y pequeña empresa”.
El proyecto contemplaba multas millonarias, uso de la Fuerza Pública para ingresar a establecimientos y la suspensión de permisos.
Las diputadas María Marta Padilla (independiente), Daniela Rojas (PUSC), Katherine Moreira (PLN) y el diputado Yonder Salas (Nueva República) impulsaron el archivo de la iniciativa.
“Ha sido muy importante la apertura de espacios colaborativos y de diálogo facilitados por diputados que conocieron la iniciativa”, expresó Maritza Hernández, presidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
Juan Ignacio Pérez, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), destacó que las diputadas Padilla y Rojas señalaron que las propuestas del proyecto “no eran las más adecuadas” y representaban una “regulación excesiva”.
Por su parte, Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), resaltó la sensibilidad de los diputados ante el impacto que el proyecto tendría en las micro y pequeñas empresas.
Víctor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), reconoció el trabajo de los congresistas “en la defensa del principio de armonización de la reglamentación técnica centroamericana”.
Mientras que Gerardo Araya, presidente de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas, agradeció a los diputados por su preocupación ante las sanciones propuestas en el proyecto.
Arturo Rosabal, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, destacó la “postura responsable de los diputados” al analizar los impactos del proyecto. Óscar Arias Moreira, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, reconoció la orientación de los diputados para evitar perjuicios al sector agroalimentario.
El sector empresarial coincidió en que existen otras formas de regular la materia sin perjudicar a la empresa privada. Recordaron que la regulación de etiquetados de alimentos es competencia de instituciones creadas por el derecho comunitario, según tratados regionales e internacionales.
