San José, 6 nov (elmundo.cr) – Los diputados de la Comisión Especial Sobre Extinción de Dominio, dictaminaron de forma afirmativa el proyecto de ley N°19.571, “Ley Especial de Extinción de Dominio”.
El proyecto tiene como objetivo regular la extinción de dominio sobre bienes, provenientes de actividades ilícitas, tales como, con actividades de narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas y explosivos, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes o tráfico ilícito de órganos.
Esta propuesta de ley es una herramienta que viene contribuir con las autoridades judiciales, para combatir el crimen organizado y el capital ilícito, y tendrá un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales que desarrollan actividades vinculadas al crimen organizado.
Además, viene a establecer un plazo de prescripción de la acción de extinción de dominio de diez años, contados a partir de la fecha de la conducta relacionada a la actividad ilícita descrita en esta ley, que motivó el inicio del proceso.
Es importante indicar, que los recursos obtenidos por la venta anticipada, venta final, y liquidación de bienes o derechos sobre los que se constituyó la extinción de dominio, una vez exista una sentencia en firma, serán distribuidos de la siguiente manera:
· Un 20% destinado al fondo especial para la administración, mantenimiento y preservación de los bienes asegurados o decomisados, y sobre los que se constituyó la extinción de dominio, además servirá para cubrir de manera complementaria los gastos de operación de la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas en el ejercicio de sus funciones.
· Un 40% al Poder Judicial, el cual destinará estos recursos para financiar la jurisdicción de extinción de dominio.
· Un 40% destinado al Ministerio de Hacienda, para la amortización de deuda y el financiamiento de programas sociales.
Es necesario indicar que en esta propuesta legislativa se plasmaron observaciones planteadas por la Corte Suprema de Justicia, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Instituto Costarricense de Control de Drogas y Expertos Internacionales de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
