San José, 19 may (elmundo.cr) – Este martes los diputados aprobaron en segundo debate el expediente 21546, Ley General de Contratación Pública.
El proyecto aprobado con 48 votos a favor, permite al país avanzar a un sistema moderno de contratación estableciendo un solo régimen de contratación pública, el cual deberá realizarse a través del sistema digital unificado, logrando maximizar la transparencia en cada una de las etapas del ciclo de contratación.
La plataforma será única y deberá estar compuesta por esquemas de interoperabilidad que garanticen su conexión con sistemas internos y externos de las entidades que lo utilicen, a fin de automatizar la validación de requisitos, comprobación de presupuestos, el acceso a consultas y generación de información.
El nuevo sistema establece un registro oficial de proveedores dentro de la plataforma y se estima que su aplicación permitirá un ahorro de ¢540.000 millones, equivalentes a un 1,55% del Producto Interno Bruto (PIB).
La legisladora Ana Lucía Delgado Orozco, promotora de la iniciativa, señaló que el proyecto es una reforma de estado que impacta el modelo institucional pues apuesta a la eficiencia, ahorro, simplificación transparencia y estandarización de los procesos de compra.
Delgado destacó que el país requiere una nueva ley para asegurar un sistema moderno de compras públicas y así responder a los nuevos retos en la materia de compras que requiere el Estado.
Esta iniciativa pretende que el operador jurídico, ya sea este privado, público, nacional o extranjero, cuente con mayor certeza respecto de la norma legal que resulta de la aplicación cuando se emplean fondos públicos en la contratación, brindando con ello seguridad jurídica.
Por su parte, el diputado Eduardo Cruickshank recordó que desde la comisión donde se tramitó el proyecto denunció que tan solo un 3.28 por ciento de las compras públicas se le adjudican a las empresas ubicadas fuera del Área Metropolitana pues el restante lo reciben las que están en el GAM
Aseguró que la excesiva concentración de las compras dentro del Valle Central es un reflejo del modelo de desarrollo vallecentralista que se da, lo que contraviene lo establecido en la Constitución Política que obliga al Estado a procurar un mayor bienestar de los habitantes del país.
