San José, 18 ene (elmundo.cr)- Los diputados aprobaron esta noche con 42 votos a favor y 6 en contra el informe sobre el cemento chino, elaborado por la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios.
De los votos en contra, cinco son del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Vinicio Redondo, Laura Garro, Javier Cambronero, Marvin Atencio, Marlene Madrigal y uno del independiente Víctor Morales Zapata.
La comisión presentó ante el Directorio Legislativo el informe el pasado el 18 de diciembre, con el propósito de que el mismo se discutiera en el Plenario, discusión que finalizó esta noche, tras dos semana de estar en conocimiento.
Dicha comisión se dio a la tarea de estudiar dos líneas de crédito superiores a los $30 millones otorgados por el Banco de Costa Rica (BCR) a la empresa Sinocem, propiedad de Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino.
El informe de más de 300 páginas contiene una serie de recomendaciones a distintas autoridades, entre las que se incluyen destituciones, suspensiones y hasta aperturas de investigaciones penales.
Recomendaciones
- Remitir el informe a la Procuraduría de la Ética.
- Destitución inmediata de Mariano Figures como director de Inteligencia y Seguridad.
- Que el MEIC identifique prácticas desleales y anticompetitivas en mercados críticos y de alto impacto para el desarrollo del país, a fin de formular las respectivas políticas de fomento de la competencia o regulación asertiva de precios.
- Proponer cambios a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
- Que Daniel Gallardo (expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias) renuncie a su candidatura de diputado por el Partido Renovación Costarricense (PRC).
- Reformar la Ley de Contratación Administrativa para normar el caso de contratos a consorcios cuando estos se separan, en el sentido de que se declaren desiertas las adjudicaciones.
- Que en este y futuros gobiernos no se le recarguen funciones a jerarcas que no corresponden con las propias de su cargo.
- Que se incluya en las investigaciones judiciales de tipo penal y administrativas en la Procuraduría de la ética, al exdiputado del PUSC, Walter Céspedes.
- Instar al Ministerio de Hacienda para que se realice una auditoría externa de fiscalización a los controles aduaneros en los procedimientos de importación de mercancías.
- Que la Procuraduría de la Ética valore si Welmer Ramos (exministro del MEIC) incurrió en alguna violación al deber de probidad.
- Que la Procuraduría de la Ética valore si Fernando Rodríguez incurrió en algún delito al deber de probidad y que no se nombre para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.
- Que la Procuraduría de la Ética valore si Benito Coghi incurrió en algún delito al deber de probidad.
- Que se inhabilite para ocupar cargos públicos, por diez años, a la ex-directora del BCR, Paola Mora.
- Que se inhabilite para ocupar cargo públicos, por cinco años, a los ex-directores Gustavo Arias y Ronald Solís.
- Que se inhabilite para ocupar cargos públicos, por cuatro años, a los ex-directores Francisco Molina, Evita Arguedas y Mónica Segnini.
- Que se despida, e inhabilite para ocupar cargos públicos, por diez años, a Mario Barrenechea.
- Impulsar la aprobación de iniciativas parlamentarias tendientes a sancionar a los Diputados con un régimen de probidad.
- Al Poder Ejecutivo, impulsar reformas para regular el cabildeo, apoyar la política de parlamento abierto y prohibir el nepotismo en nombramientos en la Asamblea Legislativa y que se modifique la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, en lo que refiere a la conformación de las Juntas Directivas de los Bancos.
- Que formule una reforma Constitucional para que la inmunidad de los miembros de los supremos poderes no cubra los delitos comunes.
- Remitir a la Procuraduría de la Ética para determinar si los diputados Johnny Leiva y Rolando González incurrieron en alguna violación al deber de probidad.
- Que Víctor Morales Zapata no se nombre para el ejercicio de cargos públicos por los siguientes diez años.
- Remitir el caso del diputado Otto Guevara a la Procuraduría de la Ética y solicitarle que renuncie a la inmunidad.
- A la Presidencia de la República, que hagan vinculantes las resoluciones de la Procuraduría de la Ética en materia de nombramiento de miembros de las Juntas Directivas.
- Modificar la Ley del Sistema Nacional de Archivos para ordenar a las Juntas Directivas de los Bancos no destruir las grabaciones de las sesiones.
- Que se despida, e inhabilite para ocupar cargos públicos, por cinco años a Fabián Volio y Eduardo Ramírez.
- Que se inhabilite para ocupar cargos públicos, por ocho años, a Alberto Raven Odio.
- Que la Procuraduría de la Ética valore si Víctor Carranza, Omar Briceño y Juan Carlos Corrales, incurrieron en violación al deber de probidad.
- Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal para que se inicie una investigación sobre los controles con los que cuenta el banco para asegurar la calidad de las garantías y para que inicie una investigación sobre el departamento de peritajes del Banco.
- Que se destituya a la exfiscal subrogante Berenice Smith.
- Que se inhabilite para el ejercicio de cargos públicos hasta por 10 años a Berenice Smith y Jorge Chavarría.
- Que se destituya del cargo e inhabilite por 10 años para el ejercicio de cargos públicos al magistrado Celso Gamboa.
- Que la Comisión de Nombramientos brinde un seguimiento a las causas abiertas contra los miembros del Poder Judicial cuestionados.
- Reformar el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 360 del Código Procesal Penal y el 165 Constitucional, para que las sesiones de Corte Plena donde se delibere sobre causas relacionadas con delitos de corrupción, tráfico de influencias y faltas al deber de probidad, por parte de magistrados, sean públicas.
- Solicitar al Poder Ejecutivo la convocatoria a sesiones extraordinarias de proyectos de ley en materia de reformas al Poder Judicial y elección de magistrados.
