San José, 23 mar (elmundo.cr) – Los diputados aprobaron este lunes el informe de minoría de la Comisión Legislativa que investiga las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El informe contó con el voto a favor de 24 diputados, mientras 19 votaron en contra.
El documento fue elaborado por las diputadas Andrea Álvarez y Dinorah Barquero de Liberación Nacional y Rocío Alfaro del Frente Amplio, y también cuestiona el nombramiento de la actual presidenta ejecutiva, Mónica Taylor.
En el informe las diputadas de oposición señalaron como responsables políticos a la presidencia ejecutiva de la CCSS, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Gobierno, la Junta Directiva de la CCSS.
De igual forma indican la existencia de posibles vínculos político-cooperativos, en particular con el presidente de Conacoop, Freddy González.
En el informe recalcan que la expresidenta de la CCSS, Marta Esquivel, fue señalada “reiteradamente por sindicatos, Auditoría Interna, Dirección Jurídica y diputaciones como un liderazgo caracterizado por la desconexión con la técnica, la inobservancia de criterios legales y financieros, el hostigamiento a mandos técnicos y la promoción de cambios estructurales”.
En el documento aprobado por los diputados se resalta acciones como la exclusión del director jurídico de las sesiones, las múltiples denuncias ante el Ministerio Público y la alta rotación de gerencias.
Además, el informe indica que hubo injerencias en la estructura de gobierno de la CCSS, mencionando el nombramiento de Marta Esquivel como “canal de transmisión de los intereses de Casa Presidencial” y una estrategia política para alinear las decisiones de la Junta Directiva con la línea del Gobierno.
Y se mencionan reuniones en Casa Presidencial donde se insistió en la narrativa de una Caja “quebrada” y en la necesidad de cambios profundos, así como referencias a una “línea superior desde Casa Presidencial” en favor de la tercerización.
Las diputadas en el informe señalan a la Junta Directiva de la CCSS por su responsabilidad política en la adjudicación y al presidente de Conacoop por ser “operador político” y “amigo cercano al presidente” como responsable de ingresar “la fórmula operativa” de una licitación sin competencia legal.
Cuestionan el nombramiento de Mónica Taylor como presidenta ejecutiva de la CCSS, pues indican que no se puede acreditar que cumpla con el requisito de “reconocida experiencia y conocimientos” exigido por la Ley Constitutiva de la CCSS.
Recomendaciones del informe de minoría
A la Junta Directiva de la Caja se le recomienda “ordenar la apertura de procedimientos administrativos disciplinarios contra las personas funcionarias que, a partir de los hechos documentados en este informe”.
Al Poder Ejecutivo se le recomienda revisar los mecanismos de nombramiento y remoción de directivos garantizando criterios de idoneidad técnica y estabilidad institucional. También que se adopte una política pública de respeto irrestricto a la autonomía institucional de la CCSS.
A la Contraloría General de la República se le solicita “valorar el inicio de investigaciones administrativas o procedimientos sancionatorios, dentro del ámbito de sus competencias, respecto de la gestión y contratación asociada al sistema ERP”.
Al Ministerio Público le señalan que presenten el informe como insumo técnico para que se valore la eventual existencia de hechos que puedan constituir ilícitos penales relacionados con la implementación del sistema ERP-SAP.
A la Asamblea Legislativa se le recomienda el refuerzo de los deberes de responsabilidad personal y jerárquica de las personas funcionarias que toman decisiones estratégicas, para evitar la dilución de responsabilidades en estructuras colegiadas o técnicas.
