Se trata del proyecto de Ley 19.407, el cual pretende reformar los artículos 211, 213, 214, 216, 231, 236 inciso 25), y 242 bis de la Ley General de Aduanas, así como adicionar un inciso K) al actual artículo 239 de esa normativa. Igualmente, se pretende enmendar el numeral 270 del Código Penal.
El proyecto reduce el monto de referencia para sancionar las conductas de contrabando y defraudación fiscal aduanera y los supuestos agravantes de estos tipos, pasándolo de 50.000 pesos centroamericanos a 10.000 pesos centroamericanos, aumenta las penas de cárcel por los delitos de contrabando y relativos y establece nuevos agravantes y nuevos supuestos para el tipo penal de contrabando, así como la extracción o facilitación para sacar mercancías del depósito aduanero, y el desvío del destino final de los artículos que sean movilizados en tránsito por el territorio nacional para su introducción al mercado nacional sin que medie autorización judicial.
Adicionalmente, el proyecto de Ley establece los tipos penales de contrabando y defraudación fiscal fraccionados con respectivos agravantes, exonera de responsabilidad los errores materiales en los procedimientos aduaneros que no tengan ninguna incidencia fiscal y propone que la determinación del valor aduanero de las mercancías en sede judicial pueda tener como referencia también, la determinación de la autoridad aduanera.
Por otra parte, la iniciativa establece como supuesto de las conductas agravantes de contrabando y defraudación fiscal, también la usurpación de identidad; establece expresamente que las sanciones administrativas sean independientes de las penales y establece multas por descripción incompleta de mercancías.
Finalmente, la iniciativa pretende establecer como causal de suspensión por un mes, a quien en calidad de depositario aduanero preste servicios sin autorización de la autoridad aduanera o permita la prestación de cualquier otro tipo de actividades y servicios distintos a los complementarios dentro de las instalaciones.
El próximo lunes los legisladores podrían aprobar el proyecto de Ley en segundo debate para luego enviarlo a Casa Presidencial para que lo promulgue como Ley de la República.
