San José, 30 jun (elmundo.cr) – Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves en primer debate cuatro proyectos de Ley que pretenden poner orden y eliminar los privilegios abusivos en las pensiones del sector público.
Se tratan de las iniciativas 19.857 para eliminar el derecho de pensión que tienen los hijos de los exdiputados previos a 1992, el expediente 19.254 que crea una contribución solidaria y redistributiva para las pensiones de lujo, el proyecto 19.310 que modifica el porcentaje de cotización para los regímenes de pensiones y el proyecto 19.661 que unifica las metodologías para revalorar el incremento en las pensiones.
El primero de los proyectos establece que para que un hijo de un exdiputado previo a 1992 mantenga la pensión heredada por su padre o madre, deberá tener entre 18 y 25 años, estar soltero y mantenerse estudiando.
El privilegio solo lo mantendrán aquellos hijos de exdiputados con alguna discapacidad o que tengan más de 65 años, esto último por respeto a la Ley del Adulto Mayor.
Asimismo, este proyecto elimina el incremento del 30% anual que se le hace a esas pensiones y se readecúa dicho incremento conforme a la inflación.
Esta Ley se le aplicaría a 224 personas, que reciben en promedio 5 millones de colones mensuales y se calcula que el ahorro para el erario público será de 2 mil millones de colones anuales por haber eliminado el incremento del 30% anual, además de de otros 2 mil millones de colones al eliminar la pensión heredada a unas 185 personas.
En el caso del proyecto 19.254 este establece que aquellas pensiones que superen 10 veces el salario base más bajo pagado en la administración pública (alrededor de 2,55 millones por mes) deberán pagar una contribución especial que variará entre el 25% y el 75% del excedente.
Lo recolectado por dicha contribución sería distribuido a las pensiones más bajas que hay en el sector público.
Se estima que este proyecto impactará a 14.508 pensionados, los cuales reciben en promedio cada mes 1,08 millones de colones. El ahorro proyecto es de 3 mil millones de colones, por la contribución solidaria.
Uno de los ejemplos de los efectos de esta iniciativa es que la pensión más alta pagada en Costa Rica a la fecha, de 16 millones de colones, pagará una contribución especial de 8,91 millones de colones, sin sumar lo que corresponde a pago por renta, seguridad social y contribución obligatoria.
En el caso del proyecto 19.310, este establece que el Poder Ejecutivo, previo un informe actuarial podrá cambiar el porcentaje de cotización que en la actualidad es de un 9% y subirlo hasta un máximo del 16%, de forma escalonada.
Este proyecto garantizaría la seguridad de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional.
Desde el año 1995, el porcentaje de cotización se ha mantenido fijo en un 9% y lo pagan por igual todos los pensionados, independientemente del monto que reciban.
La iniciativa pretende que las cotizaciones sobre los montos de pensión se hagan de forma gradual, de modo que las personas que más reciben ingresos más contribuyan y quienes menos reciban, menos paguen.
El proyecto exonera a 8750 personas pensionadas que al entrar a regir la Ley, perciben menos de 511.400 colones
Finalmente, el proyecto 19.661 fija un tope de pensión de 10 salarios base, aplicará a unas 1700 personas y unifica las 7 metodologías que existen para revalorizar las pensiones, de modo que ahora se haga con base al costo de vida fijado por la inflación.
Asimismo, se cambiarán los estudios actuariales por estudios técnicos y aumenta la edad de retiro de 55 años a 60 años, a partir de 60 meses posteriores a ser promulgada la Ley.
Todos estos proyectos de Ley se prevé sean votados en segundo debate el 18 de julio, una vez que los legisladores regresen de sus vacaciones de medio periodo.
Satisfechos y felices
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Los diputados se mostraron felices y satisfechos por los acuerdos alcanzados hoy. Aunque horas antes de empezar el Plenario la incertidumbre y la falta de acuerdos imperaba, bastó que se decretaran varios recesos para que las negociaciones continuaran.
El PUSC solicitaba que además de aprobar los proyectos de pensiones en primer debate, se le aprobara una moción 208 bis, para darle un trámite veloz, al proyecto de Ley sobre pensiones del Poder Judicial, algo que no tenia contentos a los del Frente Amplio y ponía en riesgo la aprobación de los proyectos este jueves.
Tras intensas conversaciones, los legisladores acordaron que además de aprobarle el trámite rápido a dicho proyecto, lo harían también con el que pretende combatir el fraude fiscal, creando un registro de accionistas de las sociedades anónimas.
En el primer caso, el Frente Amplio votó en contra y en el segundo, lo hizo el Movimiento Libertario.
Ambos proyectos tendrán ahora plazos definidos para ser tramitados en comisión y ser discutidos y votados en el Plenario de la Asamblea Legislativa.
Tras la hazaña de este jueves, los diputados dieron una conferencia de prensa en el Salón de Sesiones, donde coincidieron en el buen paso que dan con el fin de ayudar a reducir el déficit fiscal.
En el encuentro participó además el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro y su viceministro Luis Paulino Mora.
Maureen Clarke, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional afirmó que esto es dar una señal al país de que se quiere bajar el déficit fiscal y llegar a acuerdos.
La jefa del partido de gobierno, Laura Garro manifestó que se pudo demostrar que cuando se quiere, se puede y que se lograron acuerdos a base de mucho trabajo y confianza.
Edgardo Araya, diputado jefe de fracción del Frente Amplio afirmó que es bonito ser parte de un momento histórico.
Gerardo Vargas Rojas, jefe de fracción del PUSC dijo que hoy se lanzó una buena señal de responsabilidad al resto del país.
Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario calificó este jueves como el día más productivo en lo que va de legislatura de estos diputados.
El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro afirmó que hoy el país da una muestra de que se preocupa por lo que está pasando en materia fiscal y que esto llevará a que Costa Rica se beneficie cuando vengan los observadores internacionales para analizar las finanzas del país.
