Asamblea Legislativa, 3 ago (elmundo.cr) – El diputado Gerardo Vargas Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), denunció esta tarde ante el Plenario Legislativo que el proceso de desalojo pactado ente la Procuraduría General de la República (PGR) y el empresario Oscar Echeverría es ilegal, ya que el señor Echeverría, según los documentos públicos existentes, no es ni propietario ni arrendatario de las fincas desalojadas.
Este proceso denunciado como irregular por el diputado socialcristiano, cuestiona la firma de un documento conciliatorio entre la Procuraduría y el empresario en el año 2014, a pesar de que el contrato de arrendamiento del señor Echeverría, venció el 29 de junio 2011.
Es decir, la PGR negocia el desalojo, a pesar de la expiación del contrato de arrendamiento, tres años atrás. Esta conciliación, se da en el marco de negociación que llevó a cabo la Procuraduría (PGR), para detener un proceso judicial planteado contra el Estado por parte de enpresario Echeverría Higol, lo que generó a su vez, el desalojo de quienes han poseído, cultivado y cuidados esas tierras durante más de una década.
“Es vergonzoso ver como el propio Estado deja en abandono a los costarricenses al darle unas tierras a un empresario que desde hacía 4 años había perdido todos los derechos.Hoy, niños, mujeres y adultos mayores viven a la orilla de una calle porque los desalojaron. Hasta la plaza de futbol de la comunidad se la dieron a una empresa privada”, indicó Vargas Rojas.
El legislador afirmó que “todas estas personas fueron tiradas a la calle sin brindarles ningún tipo de ayuda y protección social. Ahí no llegó nadie del Estado más que los antimotines. Estas 100 familias están compuestas por campesinos luchadores que únicamente exigen tierras para trabajar”.
Por este motivo el legislador socialcristiano, presentó una petición al Ministerio de la Presidencia para abrir una investigación y determinar las circunstancias que rodearon el desalojo de estas 100 familias en Palmar Sur, Osa.
Por el momento las familias afectadas han recibido alimentación, agua potable y tiendas de campaña, pues aún se mantienen a las orillas de la carretera Interamericana Sur, sin tener adonde ir.
