San José, 11 may (elmundo.cr) – El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Vásquez Castro se defendió de lo señalamientos que hizo la Cámara de Industrias de Costa Rica por haber impugnado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el subsidio oculto cargado en los combustibles, que abarata el búnker, gas y emulsiones asfálticas a decenas de empresas privadas.
Dicho subsidio implica una carga de ¢9 colones por litro en los combustibles y el Diésel. Anteriormente, Vásquez junto a casi todos los diputados denunció ese rubro ante la Sala Constitucional con un recurso de amparo, pero los Magistrados le dijeron que debía presentar una acción de inconstitucionalidad.
“El diputado Vásquez quiere traerse abajo uno de los principales logros de la Administración Solís Rivera para el sector empresarial. La Sala IV ya había estado a favor de la sensatez. No entendemos cómo el diputado Vásquez no se da cuenta que con sus acciones está atentando contra el empleo en el país, generando caos e incertidumbre que frenan la inversión. Todavía tiene tiempo de rectificar”, dijo Ricardo Solera, primer vicepresidente de la Cámara de Industrias.
El legislador limonense se defendió en el Plenario de la Asamblea Legislativa, alegando que el calificativo de “enemigo de la industria y de los trabajadores” impuesto por los Industriales es un “ataque gratuito, falso y tendencioso, que solo muestra, a lo que hoy debemos enfrentarnos”.
“El argumento que utiliza la cámara que el bunker y el gas LPG es más caro en Costa Rica que a nivel internacional, puede ser cierto, pero la gasolina y el diésel también lo son y no por ello, debe cargarse, aún más, con un “subsidio oculto” para que se beneficien unos pocos, a quienes los costarricenses les transferimos más de ₡2.500 millones de colones por mes”, dijo el diputado.
Para el legislador, los beneficios que reciben las empresas por el subsidio solo significan que estas no tienen la productividad suficiente para garantizar su propia subsistencia, y que beneficios de ese tipo solamente pueden hacerse cuando un proyecto de Ley técnica y jurídicamente justificado, pase por la Asamblea Legislativa.
“Las empresas subsidiadas no son lo suficientemente productivas para mantenerse sin ayuda, los subsidios aliviaran su situación, pero no solucionarán el problema de la baja productividad, y al contrario, pueden acentuarlo. Si un negocio no es productivo, por más dinero que el estado le inyecte, seguirá siendo improductivo, puesto que los ingresos generados por el negocio no alcanzan para cubrir los costos y gastos del mismo, de modo que la solución no es subsidiarlos, sino reestructurarlos para que encuentren la forma de ser autosuficientes”, dijo Vásquez.
El legislador descartó que vaya a dar marcha atrás con su decisión de impugnar la constitucionalidad del subsidio.
“Este comunicado de prensa de la Cámara de Industrias, solo demuestra el hecho de que, subsidiar una empresa o industria que no es competitiva, hace que sus propietarios o socios, se preocupen más por conseguir o mantener los subsidios, que por solucionar las causas de su improductividad”, concluyó.
