San José, 14 may (elmundo.cr)- El diputado Giovanni Gómez, rechazó declaraciones del ministro de Obras Públicas (MOPT), Rodolfo Méndez, quien dijo sobre el proyecto de plataformas tecnológicas que la culpa del estado del texto era de los diputados.
“Quiero rechazar categóricamente las aseveraciones de don Rodolfo; él mismo, en sesión del 13 de marzo ante la Comisión de Asuntos Económicos dijo que ese era un proyecto de Gobierno, nosotros no tenemos que pagar la irresponsabilidad y desarticulación del Poder Ejecutivo”, expresó Gómez, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos donde se estudia la iniciativa.
En un comunicado que se hizo circular desde el 3 de abril, la Fracción de Restauración Nacional advirtió supuestos vicios que tenía el proyecto y que debía enviarse al archivo por resultar insalvable.
“Las deficiencias que se han evidenciado son tan grandes que este proyecto debe enviarse al archivo y esperar a que el Poder Ejecutivo se ponga de acuerdo con lo que realmente quiere en cuanto a plataformas tecnológicas de transportes”, manifestó en abril el congresista.
El legislador espera que, al quedar conformada nuevamente la comisión, la iniciativa sea votada negativamente e insta a Méndez a trabajar desde ahora en un nuevo texto. “Esperamos que, ahora sí, él y la Ministra de Hacienda se pongan de acuerdo porque fueron los jerarcas de esta última institución los que más desbarataron el supuesto proyecto de Gobierno”.
A pesar de la defensa que hizo el jerarca del MOPT, Gómez recordó que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, envió una nota en la que manifiesta que “este Ministerio está en desacuerdo con el texto y recomienda se hagan los cambios pertinentes”. Pero, de acuerdo con Gómez, los cuestionamientos con tan grandes que hacen imposible una modificación actual.
La Dirección de Presupuesto de Hacienda tampoco avala el proyecto y en sus consideraciones advierte que “resulta imposible no sorprenderse de que en medio de la crítica situación fiscal que afecta al país, se proponga que el presupuesto de la República a través del MOPT, supla durante 3 años los recursos que dejaría de percibir el CTP como consecuencia de exmirse a los permisionarios y concesionarios del servicio de transporte modalidad taxi del canon determinado en la ley 7969”.
La Procuraduría General de la República, por su parte, emitió un criterio recibido por la comisión el pasado 22 de marzo. El ente cuestiona la falta de sustento técnico para la carga impositiva que se establece, pues no se hace referencia a la existencia de estudios ni proyecciones de significado económico.
La Procuraduría considera que la iniciativa tiene roces de constitucionalidad, como por ejemplo el manejo autónomo de los fondos lo cual choco con el Principio de Caja Única del estado. Cuestiona, además el pago de 18.600 salarios base por concepto de inscripción. El legislador Gómez concuerda con la Procuraduría en que “resulta un monto elevadísimo sin ninguna justificación técnica”.
A los cuestionamientos se suman los de la Contraloría General de la República, institución que ha advertido que el manejo de los recursos asignados al Fondo Nacional de Movilidad requiere una adecuada fundamentación técnica y jurídica. La falta de sustento técnico, la poca viabilidad para el cobro de impuestos, la afectación sobre los usuarios, quedan evidenciadas en el expediente que se tramita con el número.
