Asamblea Legislativa, 18 agosto (elmundo.cr)- El diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, denunció que la periodista Vilma Ibarra y su hijo José Pablo Rivera Ibarra, quien actualmente se desenvuelve como Gerente de Regulación de Telefónica, se encuentran realizando “lobby” con el fin de defender la denuncia que interpuso Telefónica (Movistar) en contra del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la cual culminó con una multa millonaria para la institución costarricense.
El hecho se da a cuatro días de que el Presidente del Consejo de la SUTEL, Gilbert Camacho, deba rendir cuentas a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa sobre dicha multa a la estatal.
El hecho lo dio a conocer esta tarde el diputado frenteamplista, quien aseguró que tanto Ibarra como su hijo en condición de consultores de Telefónica, llegaron hasta la Asamblea Legislativa para dar explicaciones del porqué esta empresa presentó la denuncia contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“En esta gestión de presión es evidente el cruce de intereses entre lo público y lo privado, por ejemplo, el señor José Pablo Rivera Ibarra, fue Gerente de Sistemas de Telecomunicaciones del Viceministro de Telecomunicaciones, de enero del 2009 a agosto del 2011, desde setiembre del 2011 es Gerente de Regulación Telefónica, su esposa, Doña Hanny Rodríguez Sánchez, que actualmente trabaja en la Dirección de Mercados de SUTEL, fue asistente del Despacho del Viceministro de la Presidencia de Asuntos Políticos en el Gobierno de Óscar Arias. Posteriormente trabajo en la Gerencia de Sistemas de Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones del MINAET y hoy está en un puesto estratégico en SUTEL, en la dirección de Mercados”, expresó Arguedas.
El legislador afirma que Ibarra y su hijo visitaron entre otros diputados, a Humberto Vargas Corrales del Partido Unidad Social Cristiana.
Escuche las declaraciones completas del legislador:
La denuncia de Telefónica contra el ICE fue interpuesta en diciembre del 2011. Al Instituto se le acusó por supuestas prácticas anticompetitivas y fue multado con más de 5000 millones de colones por dicha práctica.
El caso fue elevado por la entidad al Tribunal Contencioso Administrativo, donde solicitaron que la aplicación de la multa fuera suspendida hasta que se resuelvan los alegados presentados por el ICE, los cuales tienen carácter de confidencialidad.
Colaboró con esta nota María José Rojas
