
San José, 16 may (elmundo.cr) – El diputado del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado criticó al Ministerio de Salud por clausurar varias iglesias que excedieron el límite de ruido permitido en la normativa costarricense.
Según una intervención que hizo el legislador ante el Plenario Legislativo, se trata de un irrespeto a la libertad religiosa, de culto y de reunión.
De acuerdo con el legislador, cuando se detecta un exceso de ruido debe clausurarse el foco de sonido, es decir, el equipo de audio, pero en su lugar el Ministerio de Salud clausura todo el recinto.
Alvarado afirmó que uno de los casos era el ocurrido en la Iglesia del Evangelio Completo de Santa Bárbara de Heredia, donde la medición de ruido dio 65,12 decibeles, doce centésimas por encima de lo establecido por lo que se clausuró hace seis meses y se le obligó a esta iglesia a un plan de confinamiento de ruido que debe ser aprobado por el Ministerio de Salud.
El otro caso fue el de la Iglesia El Gran Yo Soy de la ciudad de Guadalupe, donde la medición de ruido del Ministerio de Salud dio como resultado 66,5 cinco decibeles; 1,5 decibeles por encima de lo establecido. Ante ello, el Ministerio de Salud clausuró la iglesia desde hace cuatro meses.
Según el diputado, los funcionarios del Ministerio de Salud aplican incorrectamente las directrices vigentes sobre las normas a seguir a la hora de realizar mediciones de ruido, tales como usar los niveles para una zona residencial cuando se está en una zona de usos públicos e institucionales.
“Esto es parte de la investigación que se ha hecho por parte del arquitecto Mario Cortés que ha estado siguiendo estos casos en particular. Y se presentan varias irregularidades administrativas como documentos perdidos y otras acciones que parecen favorecer abiertamente al vecino denunciante. Esto es corrupción”, dijo el diputado.
Asimismo, de acuerdo con Alvarado, los vecinos de la Iglesia clausurada en Guadalupe se reunieron en el templo para buscar soluciones y recursos para hacer lo que el ministerio les pide, y dicho ministerio les remitió una orden sanitaria para que no puedan ni reunirse en el lugar.
“La directora de Salud, en este caso en particular, es doña Roxana García y nos informan que es una persona que amenaza, que hasta le ha dicho a la iglesia que hay una demanda penal por desacato; además, les dijo que no le abre la iglesia hasta que se haga lo que ella dice. Ni siquiera acata las instrucciones de la Dirección General de Salud que indicó que ella no le debe pedir planos y memorias de cálculo a la iglesia y, sin embargo, se los está exigiendo. Es increíble que el director general de Salud le indica esto y ella aun así pide estos requerimientos”, denunció el legislador evangélico.
El diputado remitió una carta al ministro de Salud “con el fin de que se ponga un alto a este tipo de barbaridades y se realice una investigación interna para determinar los verdaderos motivos por los que se están realizando este tipo de actos”.
El Ministerio de Salud no se ha referido a las denuncias hechas por el diputado.