San José, 8 ago (elmundo.cr) – La diputada del Movimiento Libertario Natalia Díaz Quintana solicitó a las universidades estatales encargadas del proyecto de mejoramiento de la educación superior, financiada con el préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), las acciones y medidas tomadas como respuesta a la publicación del informe de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) en mayo de este año.
El préstamo por US$200 millones está asignado, en partes iguales, a la Universidad Nacional (UNA) al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), a la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y a la Universidad de Costa Rica (UCR).
El informe de fiscalización DFOE-SOC-IF-03-2016 fue emitido por la CGR con el propósito de determinar el grado de implementación del proyecto de mejoramiento de la educación superior. Luego de concluido, se determinó que las universidades encargadas de la ejecución del proyecto, han generado cambios a su Plan de Mejoramiento Institucional original, situación que impacta los plazos de los proyectos e inciden en su oportuna ejecución.
Para efectos del Banco Mundial, el plazo para la ejecución del crédito es de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación de su Directorio, el cual se llevó a cabo el 06 de noviembre de 2012. A partir de esta fecha, han transcurrido 44 meses del plazo para ejecutar el crédito, o sea, un 73%, restando únicamente 16 meses para concluir.
El órgano Contralor señala que al 31 de marzo de 2016 se alcanza una ejecución absoluta acumulada de ¢9.752 millones ($18,06 millones), lo que implica un 9,03% de los aproximadamente ¢108.000 millones del total del crédito. Además, se determinó que al 31 de marzo de 2016, existían recursos comprometidos en las distintas universidades, vinculados con este proyecto por el orden de los $ 43,43 millones.
Por lo tanto se determinó que, la contratación de la Auditoría externa y el Comité de Seguimiento y Evaluación, ha presentado atrasos con respecto al plazo estipulado en los acuerdos con el Banco Mundial, puesto que, dicha contratación se realizó en setiembre del 2015, luego de más de dos años de haber iniciado el proyecto.
Para la diputada “es evidente el rezago en dicha ejecución conforme lo determina la CGR, de cara al vencimiento del proyecto establecido para diciembre del 2017. Además, no se ha elaborado el plan de sostenibilidad financiera el cual está previsto en los acuerdos suscritos con el Banco Mundial”.
“Estamos en presencia de otro ejemplo de administración presupuestaria ineficiente, igual que los créditos aprobados para el mejoramiento de infraestructura vial”, acotó Díaz Quintana.
