San José, 08 ago (elmundo.cr) – La diputada de Pueblo Soberano, Nayuribe Guadamuz Rosales, solicitó formalmente a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) que inicie una investigación contra Diego Alexánder Ugalde Fajardo, quien, según los reportes, se desempeña como docente de dicha casa de estudios, tras protagonizar ataques verbales contra la presidenta de la República, Laura Fernández.
La legisladora presentó una gestión ante las autoridades universitarias para obtener información detallada sobre el vínculo laboral, la trayectoria académica, el ejercicio de funciones, las remuneraciones, las evaluaciones y los antecedentes administrativos del profesor durante la última década.
La solicitud surge a raíz de los hechos ocurridos durante el denominado “Plantón” frente a la Asamblea Legislativa, donde Ugalde Fajardo habría proferido insultos y denigraciones contra la mandataria.
“Es una vergüenza para la educación que un profesor de la UCR insulte y denigre a la presidente de la República”, manifestó Guadamuz.
La congresista enfatizó que el comportamiento del académico es incompatible con su rol en la formación de nuevos profesionales. “Es inaceptable que una persona responsable de formar a futuros docentes utilice un espacio público para insultar y denigrar a la presidente de la República. Una cosa es expresar diferencias políticas y otra muy distinta recurrir a ataques ofensivos contra una mujer que, además, es la máxima autoridad del país”, añadió.
Guadamuz recordó que, al tratarse de una institución financiada con fondos públicos, la UCR tiene la obligación ineludible de actuar con transparencia y rendir cuentas ante la ciudadanía.
“Las autoridades de la UCR deben abrir una investigación para esclarecer los hechos y tomar las medidas correspondientes. No vamos a permitir este tipo de irrespetos y estaremos vigilantes del proceder del centro académico”, concluyó la diputada.
Esta solicitud se suma a las preocupaciones expresadas por otros legisladores, como Ariel Mora, quien también ha enviado oficios a la institución para confirmar la relación laboral del individuo y las acciones que tomará la universidad ante lo que califican como una conducta impropia para un académico.
