San José, 21 oct (elmundo.cr) – La diputada del Partido Frente Amplio, Patricia Mora Castellanos denunció públicamente a la empresa Caribbean Best S.A., por la supuesta violación de derechos laborales.
Se trata de una empresa yuquera cuya planta se encuentra en Pococí de Limón y el hecho se remonta al pasado 10 de octubre, cuando unas 45 personas fueron cesadas de su puesto de trabajo, alegando que no hay materia prima.
El artículo 75 y 75 del Código de Trabajo, estipula que los patronos tienen derecho de suspender temporalmente y sin responsabilidad los contratos de sus trabajadores en caso de faltante de materias primas, sin embargo la medida debe ser comunicada a la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo, para que efectivamente determine si existe un faltante de material.
“Tenemos información de que Caribbean Best realizó la notificación al Ministerio de Trabajo tardíamente, pero no vemos que se cumpla ninguna de las razones legales para que sea meritoria la suspensión de contratos, eso es lo que ya se está denunciando por parte del Sindicato SITRAP, aquí más bien lo que parece es que le están diciendo eso a la gente para no cumplir con sus responsabilidades patronales como el pago de liquidaciones, cesantías, vacaciones”, dijo la diputada.
Según el testimonio de Reinieris Montiel, quien trabaja desde hace 12 años para la empresa, repentinamente este 10 de octubre le informaron que le iban a suspender el contrato de trabajo por 3 meses.
“No nos pagaron nada, nos dijeron que nos volvían a contratar en enero, pero vemos que están sacando todo de ahí, tenemos miedo de que no nos vayan a pagar liquidaciones y tenemos hijos que mantener”, declaró.
Según María Lara, otra trabajadora de la empresa, “tenemos pruebas de que están desmantelando la planta y nos deben pagos de vacaciones y liquidaciones. Esa empresa le debe varios millones a algunas compañeras y compañeros por liquidaciones desde hace 4 años y nosotras pensamos que nos van a hacer lo mismo”.
La empresa Caribbean Best S.A. está morosa con la CCSS por un monto que supera los ₡167 millones de colones, además en en el 2011, los Tribunales de Trabajo sancionaron a la empresa tras el despido arbitrario de varios trabajadores y trabajadoras por organizarse en un sindicato.
