San José, 11 may (elmundo.cr) – La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Sandra Piszk se unió a las preocupaciones externadas por el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís sobre el proyecto de Ley 19.923 que según Casa Presidencial, causaría el despido de 55.000 personas en el sector público.
Dicha iniciativa recibió críticas del mandatario y su ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro este martes en la Casa Presidencial. Asimismo, Solís envió a los jefes de los partidos representados en el Congreso una carta en la que les externa las consecuencias que tendría la aprobación de ese proyecto.
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La diputada, exministra de Trabajo, dijo ante el Plenario legislativo este martes que le pareció preocupante el escenario planteado por el mandatario si el proyecto es aprobado.
“Muy pocas veces estoy de acuerdo con lo que dice en el señor Presidente la República, pero si quisiera señalar que me preocupa mucho la referencia que él hace al tema de empleo público, porque los proyectos que aquí se venían manejando, que no eran precisamente de empleo público sino de ordenamiento de las retribuciones salariales, es decir, los pluses salariales, eran proyectos que se venía manejando de una manera lenta, negociada, con participación de distintos partidos políticos incluyendo al Frente Amplio” declaró la legisladora verdiblanca.
El bloque opositor que se alzó con el Directorio del Congreso el pasado 1 de mayo incluyó el proyecto 19.923 redactado por toda la oposición, a excepción del PLN, en la lista de proyectos a los que les darán trámite rápido.
“El proyecto que se firmó para la Alianza que mezcla cosas, que realmente no debieron mezclado, yo lamento mucho tener en lo personal decir que yo tampoco podría estar de acuerdo, no es ese tipo de proyectos a los que aspiraría que se diera un 208 bis”, agregó Piszk.
Justamente la oposición presentó dos proyectos de Ley que agrupan varias iniciativas presentadas en materia de empleo público y pensiones. Uno de ellos el 19.923 que ordenaría las remuneraciones en el sector público, además de establecer una regla fiscal de que el Gobierno debería cerrar con un déficit primario no mayor al 1% del PIB.
Según Casa Presidencial, cumplir con dicha regla fiscal obligaría al Estado a despedir 55.000 trabajadores, más de 30.000 de ellos solo en el Ministerio de Educación Pública o bien, reducir la inversión en educación a niveles registrados en el 2009, cosa que califican como “inaceptable”.
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“Perder las negociaciones realizadas con los sectores sociales y políticos es algo sumamente lamentable. Las múltiples negociaciones que se han llevado a cabo por parte de los diferentes sectores nos ha costado mucho, ponernos de acuerdo sobre proyectos en materia de pluses salariales, en materia de ordenamiento del sector público, como para que de última hora, se presente un proyecto que dé al traste con un esfuerzo que se viene realizando tratando de construir”, concluyó la legisladora.
