San José, 24 mar (elmundo.cr) – Una reforma de ley presentada por el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Diego Vargas, pretende facilitar la compra de bienes y servicios para los proyectos de investigación que realizan las universidades públicas.
Se trata del expediente 23.652 que modifica el artículo 3 y el inciso a) del artículo 128 de la de la Ley General de Contratación Pública N°9986, y adecuaría la legislación para que las actividades académicas de investigación científica se rijan por procedimientos especiales.
Según el diputado, la reforma es necesaria debido a que la redacción actual de la Ley de Contratación Pública no considera la adquisición de insumos con características particulares para la docencia e investigación científica, ni plazos acordes con la actividad.
“Básicamente buscamos que las universidades puedan planificar la compra de bienes y servicios de investigación científica en forma bianual y no para períodos de seis años como estipula la ley en la actualidad. Además, proponemos que se contemplen procedimientos más ágiles y puntuales para la compra de organismos vivos, reactivos y otros equipos particulares”, expresó Vargas.
En la justificación del proyecto, el diputado Vargas plantea la urgencia de modificar la Ley 9986 debido a que la investigación académica tiene un valor estratégico para el país, a que estas actividades tienen un carácter diferenciado y por la necesidad de implementar procedimientos especiales sin salirse de las regulaciones que establece la contratación pública.
En Costa Rica, las universidades estatales realizan el 78% de la investigación científica-tecnológica. Según información del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en conjunto con las casas de estudios, las universidades públicas invirtieron en Investigación y Desarrollo (I+D), en promedio, más de ₡70.000 millones por año, entre 2017 y 2021.
La legisladora del Partido Liberación Nacional, Paulina Ramírez, firmante del proyecto, expresó que “la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que la investigación y desarrollo tienen un alto valor estratégico, por lo que esta reforma es fundamental para que nuestro país sea fortalecido en estas áreas”.
En la presentación del proyecto ante la Secretaría del Directorio, participaron representantes de las universidades públicas y de Conare.
