Puntarenas, 30 may (elmundo.cr) – El Juzgado Penal de Puntarenas dictó un sobreseimiento definitivo a favor de las 8 personas detenidas por la Fuerza Pública el pasado 3 de octubre en Caldera, en medio de las manifestaciones de la huelga contra el Plan Fiscal.
Entre las personas detenidas y procesadas, se encontraban una trabajadora de la CCSS, dos trabajadores de la Municipalidad de Puntarenas, tres trabajadores de la empresa privada que opera el puerto de Caldera, y los dos dirigentes del Partido de los Trabajadores, Greivis González y Jouseth Chaves, quienes además son dirigentes sindicales en APSE y Sitrasep respectivamente.
La causa que se desarrolló en el expediente 18-001643-0431-PE, bajo el delito de resistencia agravada, basada en informes policiales que señalaban agresiones por parte de los detenidos a oficiales antimotines.
La sentencia determinó que no hay elementos suficientes para que se pueda formular una acusación penal, ya que la prueba que da la investigación y la indagatoria no permiten a la Fiscalía tener un caso sólido y sostenible.
La Fiscalía indicó que en el caso no se cumplían los elementos que configuran el delito de resistencia agravada a la autoridad.
“Nótese que en el día de los hechos los ciudadanos se encontraban ejerciendo su derecho constitucional a la Huelga, razón por la cual no se podía limitar dicho ejercicio por parte de un órgano preventivo como lo es la Policía Administrativa a violentar el derecho consagrado constitucionalmente”, se lee en la solitud de sobreseimiento solicitada por el Ministerio Público.
Además la Fiscalía hizo referencia a la situación de enfrentamiento que se dio ese día, donde tanto la autoridad pública como los manifestantes tuvieron una participación activa, en ese sentido señaló que: “existió un enfrentamiento entre ambas partes, no solamente una de las partes, ambas partes se agredieron mutuamente como se desprende de la versión de los hechos, incluso existió el lanzamiento de gases lacrimógenos en contra de los participantes, toda vez que no realizaban el acatamiento de despejar las vías públicas del lugar”.
“Según se desprende de los hechos, pareciera que las detenciones ocurridas fueron al azar de civiles que ni siquiera existe certeza si lanzaron piedras u otros objetos contra los oficiales de la Policía Administrativa”, agrega.
Para Jhon Vega, presidente del Partido de los Trabajadores, y participante en las manifestaciones en Caldera, la actuación de la policía contra militantes del PT y demás manifestantes fue ilegítima.
“Los que estuvimos ese día presentes, supimos que la actuación contra la manifestación no solo fue desproporcionada, si no que significaba un intento del gobierno de reventar por medio del garrote, los gases y las perreras, un proceso de lucha que estaba creciendo en todo el país”, comentó Vega.
Vega manifestó que “ya son varios los casos en que la policía actúa contra las protestas, el gobierno sale a respaldar esas acciones, pero luego queda demostrado en los procesos judiciales que las actuaciones fueron ilegales y autoritarias, no podemos olvidar casos como el del 8N en 2012, que tuvo una actuación policial brutal en el centro de la capital, y en el juicio quedó demostrado que fue completamente ilegal y desproporcionada”.
La huelga contra la el plan fiscal, hoy ley de la República, dejó decenas de detenidos en todo el país producto de varias acciones policiales.
Uno de los casos más controversiales fue el de Carlos Andrés Pérez, trabajador de Recope, quien fue encarcelado, juzgado y sentenciado en un polémico juicio, que posteriormente fue anulado por el Tribunal Penal de Goicoechea.
