
San José, 13 set (elmundo.cr) – La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó una reforma a la ley de armas y explosivos.
Se trata de los proyectos de ley N°20.508, denominado: “Ley de Armas y Explosivos N°7530 del 10 de julio de 1995, artículos 3, 25, 88 y 89”, y el N°20.509, denominado: “Ley de Armas y Explosivos N°7530 del 10 de julio de 1995, artículos7, 20, 23 Y 51”.
Ambas reformas vienen a mejorar la regulación en cuanto a la adquisición, posesión, inscripción, portación, venta, importación, exportación, fabricación y el almacenaje de armas.
La primera iniciativa de ley aumenta la sanción de 2 hasta 4 años de prisión, a quien porte un arma de fuego permitida, debidamente inscrita, pero sin contar con el debido permiso.
Es necesario indicar que, si el arma no está inscrita o la portación se realiza dentro de alguno de los supuestos de delincuencia organizada o asociación ilícita, la pena se incrementará un tercio, sin perjuicio de los eventuales concursos normativos.
Por otro lado, en cuanto a las actividades con armas prohibidas se aumenta la pena de 4 a 8 años de cárcel a quien posea, adquiera, comercialice, transporte, almacene, introduzca al Territorio Nacional, nacionalice, exporte, oculte, fabrique, ensamble, transforme, ejerza labores de corretaje nacional o internacional o utilice, armas prohibidas por esta Ley.
También se aplicará una nueva pena privativa de 10 a 20 años cuando se realicen las anteriores actividades con armas de destrucción masiva, armas y municiones prohibidas por los convenios de Derecho Internacional.
La segunda propuesta de ley planteada por el órgano legislativo se establece la prohibición para la portación de armas a personas que estén siendo procesadas judicialmente o tengan antecedentes relacionados con delitos contra la propiedad, violencia doméstica, delitos contra la vida contra la libertad, e infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no autorizado y Actividades Conexas, Crimen Organizado y cualquier otro delito donde medie la violencia; o bien cuando exista una resolución que se inhabilite por un juez, para portar armas mientras se dicta sentencia sobre este tipo de delitos.
Asimismo, en esta iniciativa se viene ampliar la prohibición de portar e ingresar armas de fuego, municiones, explosivos (industriales o pirotécnicos) a instituciones estatales y otros sitios relacionados, ya sea en cualquier institución pública, centros de salud, educativos, estatales o privados, establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas de acuerdo a la Ley 9047, centros recreativos, casinos, estadios en donde se realicen actividades de concentración masiva, entre otro.
De esta forma también se determinar el perfil de personas físicas que porten armas. En este se exceptúan los polígonos de tiro, los integrantes de los cuerpos policiales en el desempeño de sus funciones, y a los agentes de seguridad privada que se encuentren brindando el servicio contratado, entre otros.
El presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gustavo Viales comentó que “estas son dos iniciativas que hemos venido trabajando para darle herramientas al Ministerio de Seguridad Pública, como lo hicimos con el bloqueo de señales en las cárceles y como lo estamos haciendo paralelamente con la ley de extinción de dominio”.