San José, 11 ago (elmundo.cr) – La Comisión Especial de la Caja Costarricense de Seguro Social, dictaminó de manera afirmativa con el voto de los 6 legisladores presentes, el expediente 20.838 denominado Control de precios de los medicamentos para la protección del consumidor.
El proyecto autoriza a la administración pública para que pueda regular, fijar y fiscalizar un tope máximo a los márgenes de utilidad sobre todos los medicamentos importados y producidos en Costa Rica.
Además, se instruye para que la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) cuente con una Oficina de Control de Precios de Medicamentos, cuyas funciones serán:
a) Monitorear los precios de los medicamentos tanto a nivel nacional como internacional y servir de enlace a los importadores y detallistas.
b) Revisar, con base en los documentos de importación presentados por cada importador o mayorista, los márgenes de utilidad de los medicamentos importados por cada empresa.
c) Revisar, con base en la factura de venta de los importadores o mayoristas, los márgenes de utilidad de los detallistas.
d) Imponer las multas por precios abusivos o erróneos que tengan los medicamentos o las facturas de ventas del producto y notificarlas a las empresas autorizadas.
e) Mantener actualizadas las listas de precios de los medicamentos. Estas deberán ser publicadas en la página web del MEIC.
f) Recaudar los ingresos provenientes de multas para que sean destinados conforme a lo establecido en la presente ley.
g) Cualquier otra actividad que se requiera para regular y fiscalizar los márgenes de utilidad sobre los medicamentos importados producidos.
Los congresistas disponen ahora de pocos días para la elaboración del dictamen final dado que a dicha comisión especial se le vence su tiempo de vigencia el día 18 de este mes. Ese fue el tema principal que consumió el resto del tiempo disponible, ya que la mayoría de los diputados que componen este órgano de investigación, mantienen el criterio de que el grupo debe continuar con sus labores, como mínimo, los tres meses que le resta al período de sesiones ordinarias y de ser posible hasta los nueve meses que le quedan a esta administración.
La legisladora Shirley Díaz, fue la más acérrima defensora de este criterio, si se toma en cuenta, sobre todo, “que el tema de la CCSS no ha mostrado ser de gran interés para el Ejecutivo, que en tiempo de sesiones extraordinarias no convocó ninguna iniciativa. Esta comisión debe seguir, en beneficio de la misma Caja y la salud de todos los costarricenses”, afirmó.
El Presidente de la Comisión, el diputado Walter Muñoz, indicó que ya pidieron tres meses de prórroga y luego pidieron solo uno, pero lo que le han comunicado es que solo se les dará una ampliación del plazo, si el mismo es exclusivamente para la redacción del informe final.
Los diputados Melvin Núñez Piña, Patricia Villegas e Ignacio Alpízar, se unieron a la posición en el sentido de que esta comisión debe seguir adelante trabajando los proyectos que se relacionan con la institución responsable de la seguridad en el país.
La legisladora Yorleni León, fue la única que no le dio su voto a la moción de ampliación del trabajo de esta comisión investigadora, aduciendo que representa a una fracción política, por lo que primeramente debe consultar, con el resto de su bancada, cuál es la posición y el criterio que manejan sobre el tema.
Los legisladores también discutieron este día la posibilidad de dictaminar la iniciativa 21.875 Ley de Solidaridad en Apoyo a la CCSS y a las personas desempleadas con el que se busca que tanto personas físicas como jurídicas, empresas o superávit de las instituciones pueda ser donado a la Caja para ayudarse en sus finanzas. Sobre este particular, luego de una amplia discusión se decidió esperar al menos una semana más, mientras se presenta el informe de Servicios Técnicos.
La congresista Catalina Montero fue del criterio que se debe cerrar y presentar el informe del expediente de la CCSS y que ahí se valore si es necesario abrir una nueva comisión que le dé continuidad a los proyectos de la Caja.
