San José, 06 ago (elmundo.cr) – Por segunda vez en menos de tres años, el Consejo de Gobierno destituyó a Martha Rodríguez González de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Rodríguez —quien ocupaba la silla en representación del sector sindical— fue notificada sobre su separación del cargo, tras la resolución de un procedimiento disciplinario abierto en su contra por haber votado, en diciembre de 2022, a favor de un aumento salarial de ₡7.500 para aproximadamente 63.000 funcionarios de la institución.
La medida fue calificada por la sindicalista como una “persecución política orquestada” por parte del Gobierno y anunció que interpondrá acciones legales por considerar que se violentaron sus derechos al debido proceso y a la defensa.
En la primera ocasión, en enero de 2023, el Consejo de Gobierno había suspendido a cinco miembros del órgano directivo por el mismo caso del aumento salarial.
Sin embargo, en junio de ese año, la Sala Constitucional resolvió que la sanción violaba la inamovilidad de los representantes del sector sindical y ordenó su reinstalación inmediata.
“Fui destituida sin garantías. Me notificaron un expediente de casi 200 páginas el mismo día en que iban a resolver, sin tiempo ni condiciones reales para ejercer mi defensa”, reclamó Rodríguez en declaraciones ofrecidas tras la decisión.
“Se trata de un castigo por cumplir con mis funciones. No hay justificación jurídica, solo el afán de silenciar una voz incómoda que ha denunciado casos como Barrenador, la fallida implementación del ERP, el desvío de recursos en el Hospital de Cartago y otras irregularidades”, dijo Rodríguez.
El Ejecutivo, por su parte, defiende la decisión argumentando que la entonces directiva incurrió en un conflicto de interés al votar por un beneficio salarial que también la favorecía como funcionaria de la Caja.
Asegura que el aumento aprobado no contaba con respaldo técnico ni presupuestario y que implicaba una erogación superior a los ₡5.000 millones anuales.
La destitución de Rodríguez genera que la Junta Directiva de la CCSS quede sin quórum estructural para poder sesionar.
Según datos internos, más de 300 acuerdos están pendientes de resolución debido a la imposibilidad de sesionar, entre ellos decisiones clave en infraestructura, abastecimiento de medicamentos, listas de espera y control del gasto.
