San José, 20 set (elmundo.cr)- Desde la crisis de abril de 2018, la migración forzada de personas nicaragüenses ha alcanzado más de 70 mil personas, de las cuales, 55 mil se han desplazado a Costa Rica.
Así lo revela el Informe sobre “Migración Forzada de Personas Nicaragüenses a Costa Rica” presentado este viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El objeto del informe fue evaluar la situación de los derechos humanos de las personas nicaragüenses que se han visto forzadas a migrar hacia Costa Rica y de formular recomendaciones dirigidas al Estado nicaragüense, al Estado costarricense y a los demás Estados Miembros de la OEA para asegurar que se garanticen los derechos de las personas migrantes y refugiadas nicaragüenses.
La Comisión contextualiza la situación de derechos humanos de las personas nicaragüenses que se vieron forzadas a migrar desde Nicaragua y solicitar protección internacional en Costa Rica y aborda también las causas del desplazamiento forzado en Nicaragua, el procedimiento para reconocimiento de la condición de refugiado y la protección internacional brindada en Costa Rica, el acceso y efectivo ejercicio a derechos en Costa Rica, y presenta recomendaciones basadas en los estándares interamericanos aplicables.
La situación de migración forzada tiene raíces en la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde la represión estatal a las protestas que inició el 18 de abril de 2018.
Desde que comenzó la crisis, 328 personas han perdido la vida y aproximadamente 700 personas habrían sido detenidas y enjuiciadas. Al día de hoy, de acuerdo con información de sociedad civil, 130 personas continuaban privadas de libertad por hechos vinculados con las protestas.
La CIDH realizó una visita de trabajo a Costa Rica entre el 14 al 18 de octubre de 2018., donde concretó 259 entrevistas y recabó 152 testimonios de personas nicaragüenses solicitantes de asilo y con necesidades de protección internacional.
Principales grupos de nicaragüenses que migraron a Costa Rica:
-Estudiantes que participaron en las manifestaciones y protestas en un 23%;
-Defensores y defensoras de derechos humanos y líderes de movimientos sociales y campesinos en un 22%;
-Personas que apoyaron a quienes participaron en las protestas a través de la provisión de alimentos, casas de seguridad y medicinas en un 18%;
-Médicos en un 8%;
-Periodistas en un 2%;
-Ex militares y ex policías que se negaron a participar en actos represivos ordenados por el gobierno nicaragüense en un 2%.
Principales actores responsables de este desplazamiento forzado:
-Grupos parapoliciales en un 46%;
-Policía Nacional en un 37%;
-Grupos de vigilancia y control, como los Consejos de Poder Ciudadano en un 17%.
El informe reconoce positivamente el importante rol del Estado costarricense en favor de la protección de los derechos humanos de la población nicaragüense tras los hechos de represión violenta de las protestas, así como las acciones que ha impulsado en el marco de la OEA para tal fin.
Por su parte, Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre los Derechos de los Migrantes y Personas Desplazadas, indicó: “En el contexto que desarrolla esta informe, es crucial tener presente que el rol de los Estados de origen, tránsito y destino es mitigar los efectos generadores de desplazamiento forzado, tanto para garantizar los derechos de las personas durante y después de los movimientos migratorios, como para brindar la protección debida, acceso a documentos y a servicios que permitan su rápida inclusión social”.
