San José, 27 may (elmundo.cr)- La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, trasladó al Ministerio Público el informe de una investigación relacionada con el respaldo de la grabación que se realizó en Casa Presidencial, el pasado 24 de febrero, a raíz del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Esta decisión, fue tomada por Crespo, en cumplimiento de la recomendación de la Auditoría Interna.
“Debido a que se detectó un faltante de información en el audio de la entrevista que se le realizó al equipo de Gobierno ese día en la mañana”, sostuvo la Defensoría.
En dicha sesión que había sido grabada, participaron el presidente de la República, el ministro y la viceministra de la Presidencia, la ministra de Comunicación, los asesores que participaron en la UPAD, entre otros funcionarios.
Según explicó el departamento de comunicación de la Defensoría “en el informe de la Auditoría Interna se mostró que efectivamente una parte de la grabación no existe y para determinar con exactitud la verdad real de los hechos es necesario una revisión técnico-forense”, por lo que se recomendó su traslado al Ministerio Público.
Crespo señaló que “en aras de la transparencia institucional, y de salvaguardar la investidura de esta Institución y la honorabilidad de todos los funcionarios, acogí la recomendación de enviar este expediente al Ministerio Público, pues soy consciente de la relevancia que tiene este proceso para el país y para cumplir con nuestra misión de proteger los derechos humanos de los habitantes”.
La jerarca insistió “en que no quiere que haya ningún cuestionamiento de la forma cómo la Defensoría de los Habitantes ha abordado el tema y por eso insiste en que es importante someterse a cualquier investigación en caso de ser necesario”.
Además, enfatizó en que “el informe realizado por la Institución del caso UPAD, se fundamentó en una gran cantidad de información, entre documentos, oficios, minutas, y la labor de un gran equipo humano, que respaldan cada uno de los hallazgos y las conclusiones que se emitieron”.
Ante lo sucedido, la Defensora afirma que “es lamentable que la situación ocurriera a nivel interno, pero es consciente de que, como cualquier otra institución pública, tiene un mandato de transparencia y de rendición de cuentas, y está sujeta al escrutinio público”.
“Es fundamental que continúe el proceso que lleva adelante el Ministerio Público para esclarecer lo antes posible sí hubo o no uso de información sensible y confidencial de los habitantes por parte de la UPAD. Lo mismo que la investigación que lleva adelante la comisión especial legislativa”, agregó.
Por otra parte, la Defensoría de los Habitantes destacó que son conscientes que durante las últimas semanas la atención del país ha estado centrada en atender la pandemia ocasionada por el COVID 19.
Sin embargo, Crespo hace hincapié en que “el tema de la UPAD había que retomarlo en algún momento”.
Y por eso insta, “al Ministerio Público a avanzar con el proceso>>, asegurando que se encuentran en la mayor disposición para brindarles el apoyo necesario”.
