San José, 20 ago (elmundo.cr) –El diputado y jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Frank Camacho, presentaría en los próximos días una denuncia ante la Procuraduría de la Ética, contra la viceministra del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Giselle Alfaro, y su esposo Francisco Pérez Carvajal, quien habría ingresado a trabajar como consultor al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), a inicios de esta administración.
Camacho solicitará que el caso sea investigado, ya que al parecer habría una violación de los artículos 45 y 48 de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
El ingeniero fue contratado hasta el 2018, propiamente en la Unidad Ejecutora Primer Programa de Infraestructura Vial (PIV-l), mediante las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la responsabilidad de estar a cargo del proyecto de diseño y construcción del paso a desnivel en Paso Ancho.
El Conavi le adjudicó esta obra valorada en más de $10 millones a constructora MECO, en el 2013. Además, le delegó los trabajos de fiscalización a la empresa Ginprosa.
Cabe mencionar que dicho proyecto tiene un rezago de casi dos años en su entrega, incluso, en agosto del año pasado se inauguró, pese a que la Administración fue advertida sobre fallas en la fase constructiva.
Otro caso sonado se presentó en el proceso de contratación de la vía al nuevo muelle de Moín, el año pasado, cuando el mismo MOPT se dio a la tarea de investigar un posible conflicto de interés.
Lo anterior debido al vínculo matrimonial entre Andrea Soto, ingeniera a cargo en aquel entonces del cartel de licitación y la contratación, y Marco Rojas Jenkins, quien tenía un alto rango dentro de Ginprosa. La compañía elaboró los diseños de la carretera para el consorcio del Atlántico.
Rojas Jenkins también figuraba como el ingeniero a cargo de la supervisión del paso a desnivel en Paso Ancho y la ampliación del trayecto entre Pozuelo y Jardines del Recuerdo.
Por su parte, la exgerente de la unidad ejecutora del proyecto argumentó en aquella oportunidad que tanto ella como su pareja no tenían conocimiento de la relación contractual entre el Consorcio del Atlántico y Ginprosa, sino hasta el día en que se abrieron las ofertas, tal y como se desprendió de una publicación del periódico La Nación, del 18 de julio de 2016.
La ingeniera presentó su renuncia, previo a la adjudicación del contrato al Consorcio del Atlántico conformado por MECO y Puentes y Calzadas. No obstante, Soto al parecer sí fungía como gerenta cuando se dio la contratación de Ginprosa para el diseño del nuevo puente sobre el río Virilla en la ruta 32.
En cuanto a la denuncia actual, que vincula a la Viceministra del MOPT y a su pareja, la primera contratación de Pérez como consultor del Conavi se dio el 28 de mayo de 2014 y la última finaliza el 12 de enero de 2018.
“En la misma unidad ejecutora del Conavi, la PIV-I también labora otro familiar (aparentemente sobrino) de la viceministra Alfaro. Se trata de Abraham Pérez Kiamber, quien es el encargado de dar seguimiento ambiental, social y de salud ocupacional a los proyectos”, reveló el legislador del Frente Amplio.
El jefe de la fracción frenteamplista mencionó que Pérez Kiamber habría sido nombrado como funcionario en planilla desde el 16 de enero de 2014. Entretanto, La viceministra renunció a su puesto el pasado 12 de junio, junto con el exministro del MOPT, Carlos Villalta, por aparentes razones personales.
Sin embargo, Alfaro retomó su puesto 38 días después. “Se nos informó que nunca dejó realmente el Conavi, pues quedó como asesora”, expresó Camacho, quien puso en tela de duda la actitud del Gobierno al no brindar mayores detalles de las razones del regreso.
Este caso de la Viceministra del MOPT, y su pareja, Francisco Pérez- a quien le dieron la responsabilidad de estar a cargo del proyecto de diseño y construcción del paso a desnivel en Paso Ancho- se suma a una serie de reportajes que viene realizando EL MUNDO sobre dicho proyecto.
En los contenidos informativos anteriores se recopilaron las valoraciones de distintos sectores en cuanto a la función del Conavi para administrar este tipo de proyectos, especialmente en la elaboración de los carteles de licitación, las contrataciones y la falta de planificación a la hora de hacer obra pública.
Sobre el viaducto, el Gobierno habilitó el paso vehicular el año pasado, haciendo caso omiso a las fallas detectadas en el proyecto. Esto produjo que una junta de expansión se desprendiera, y actualmente sigue cerrado el paso en el sentido norte-sur debido a que MECO está sustituyendo todas las juntas de expansión.
De hecho, José Rafael Sánchez, vicepresidente de la compañía constructora, reconoció que no es normal el tener que cambiar de forma tan anticipada los cojinetes de la nueva estructura.
Sánchez, además indicó que percibe un espacio de mejora dentro del Conavi, especialmente al hacer una comparación con otros países, donde se le delegan más responsabilidades al contratista en los procesos de contratación.
El coordinador del Programa de Infraestructura del Transporte (Pitra) del Lanamme, Luis Guillermo Loría, no solo aceptó que existe una mala relación con el Conavi, sino que también considera que la entidad tiene “muy entronizado” el poder de mando.
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