San José, 12 nov (elmundo.cr) – Los jóvenes participantes de la sétima promoción del programa Lidera manifestaron su profundo rechazo a la detención ilegal de Samantha Jirón (Samantha Padilla Jirón) por parte de la dictadura Ortega-Murillo.
El programa Lidera es una iniciativa de formación en liderazgos para personas jóvenes realizada en Costa Rica en el año 2019, de la cual Jirón formó parte, organizado en su momento por la Fundación Konrad Adenauer (KAS), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Consejo de la Persona Joven (CPJ).
Samantha es estudiante de periodismo y formó parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), movimiento que pide la salida de Daniel Ortega del poder por vías democráticas.
En el 2018 se exilió en Costa Rica, pero volvió a su país natal en julio del 2020, para retomar sus estudios universitarios. En el tiempo en que vivió en Costa Rica participó en el programa Lidera.
Jirón fue detenida por policías nicaragüenses, vestidos de civiles, el martes 9 de noviembre, a eso de las 2:00 p.m., en las cercanías del hotel Holiday Inn, en Managua y actualmente, se encuentra injustamente detenida en el distrito 3 del municipio de Managua.
Los jóvenes activistas señalan que “desde el 2018 hemos observado el recrudecimiento de las políticas represivas del gobierno de Ortega, anulando progresivamente los derechos conferidos en la constitución y la normativa interamericana e internacional al pueblo nicaragüense, incluyendo el derecho a la vida, la integridad, a organizarse y a manifestarse pacíficamente”.
“Las personas activistas y defensoras de Derechos Humanos han visto afectada su labor de atención y apoyo a la ciudadanía, hasta el punto del secuestro y la detención ilegal”, agregan.
La madre de Jirón, en declaraciones al Diario La Prensa, señaló que “lo único que pido es que se haga público que mañana, más tarde, si a mi hija le sucede algo, si resulta mal su integridad física, psicológica, los únicos responsables son ellos, este gobierno de aquí, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ellos son los únicos responsables que callan las voces de los jóvenes que no se amedrentan y no quieren vivir así”.
Ante esto, los activistas le recordaron al gobierno de Nicaragua que los derechos humanos son universales y es obligación primordial de los estados velar por la seguridad e integridad física y emocional de las personas, que el irrespeto a los derechos humanos en su sentido integral es una violación flagrante para la institucionalidad democrática.
Por lo que exigen al Gobierno de Nicaragua que se apegue a los estándares internacionales de derechos humanos y libere a Samantha de forma inmediata.
“Instamos, de forma vehemente, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUD) a pronunciarse y brindar seguimiento al caso de nuestra compañera”, concluyen.
Adhieren a este pronunciamiento:
Allan Dario Segura Picado
Ana Francini González Ávalos
Anai Yumi Huaman Bengoa
Antonio Araya Rios
Anthonny García Ramírez
Adriana Araya Díaz
Adriana López López
Carlos José Cruz Alfaro
Carolina Metze
Daniel Barrantes Barquero
Daniel Mora Montoya
Denisse Bolaños
Dario Fragomeno González
Floribeth Salazar Vargas
Gretttel Salazar Chacón
Hibsen Alonso Jiménez Rodríguez
Jose Carlos Sequeira Sequeira
Juan Bosco Torres
Julián Orozco Corrales
Karen Cordero Leiva
Laura Pamela Gamboa Granados
María Isabel Sibaja
María Mariela García Fernández
Priscila Vindas Salazar
Randall Lorenzo Montoya Brenes
Raquel Tatiana Marín Cerdas
Rolando Fernandez Aguilar
Silvia Arce Solano
Silvia Artavia Gutiérrez
Silvia Salas Rodríguez
Xavier Andrés Condega
