San José, 31 oct (elmundo.cr) – La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, y otros jerarcas del ramo han sido acusados de desacato a una sentencia de la Sala Constitucional.
El caso está relacionado con una solicitud de información que se atendió de forma parcial.
Según informó Amelia Rueda en el documento remitido el pasado 25 de octubre a los magistrados de la Sala IV , la ministra ha cometido “una clara violación” al fallo del 7 de octubre en el que se otorgaba un plazo de ocho días para dar respuesta al recurrente.
Esa sentencia contra Müller y los viceministros Melvin Chaves, Sofía Ramírez y Leonardo Sánchez surgió a raíz de un recurso de amparo interpuesto el pasado 14 de septiembre por un educador de apellido Navarro, tras un requerimiento de información el 23 de agosto.
El recurrente solicitó en aquel entonces 14 documentos o informaciones de acceso público sobre los costos de las pruebas y el presupuesto del programa de Educación Abierta. En siete de esos puntos no se aportó la información según lo solicitado, denunció.
La Sala IV constató que dicha información parcial no fue remitida, sino hasta que los jerarcas del MEP fueron notificados del recurso de amparo, y ratificó que de igual forma los responsables eludieron su responsabilidad de brindar los datos de forma completa.
Así las cosas, el recurso se declaró con lugar el 7 de octubre y los magistrados le ordenaron a la ministra y a los viceministros que “en el plazo improrrogable de ocho días”, de respondiera al recurrente con toda la información solicitada.
Pero eso nunca sucedió, según el denunciante. El MEP indicó a este medio que la cartera “analiza el fallo” para responder dentro de un plazo que ya venció. A juicio del recurrente, esta falta de respuesta está tipificada en el delito de desobediencia a órdenes de la Sala IV.
Según la Ley de Jurisdicción Constitucional, ante el incumplimiento de una sentencia por un recurso de amparo la Sala “requerirá al superior responsable” para que ordene cumplir y abra un proceso disciplinario, a la vez que abrirá un proceso al respecto.
“Al cumplirse el tiempo filosóficamente necesario para que el [MEP] respondiera de forma completa a la petición de información y el tiempo improrrogable dictado por los magistrados […] se observa con claridad meridiana un desacato”, dice el acusado.
El recurrente también imploró a la Sala Constitucional que le “ayude a acceder a la información pública que solicité desde hace 63 días”, pues de lo contrario “deberá acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, según reza en su texto de acusación.
