
San José, 12 jun (elmundo.cr) – Albino Vargas, secretario general de la ANEP y dirigente del colectivo sindical Patria Justa anunció que el sindicato piensa demandar al Intendente de Energía de la ARESEP, Juan Manuel Quesada.
Los sindicalistas lo señalan como responsable de la resolución del ente regulador que excluyó la convención colectiva de RECOPE de los costos operativos de esa entidad, los cuales se recargan a todos los consumidores de combustible.
Dicha decisión fue recientemente anulada por la Sala Constitucional, al considerar que se abusó de la potestad que tiene ARESEP al dejar sin fondos la convención colectiva de RECOPE, cuando lo que debía hacer era denunciarla o bien, interponer una acción de inconstitucionalidad.
“Hemos de proponer al equipo dirigente del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA entablar una demanda penal por prevaricato en contra del Intendente de Energía de la ARESEP, el señor Juan Manuel Quesada, a fin de que se haga responsable de su ilegal proceder cuando, de facto, usurpó potestades constitucionales en la materia de negociaciones colectivas en empresas públicas sujetas a la regulación de ARESEP”, dice el pronunciamiento suscrito por Albino Vargas.
La Sala Constitucional condenó a la ARESEP al pago de costas, daños y perjuicios ocasionados al haber dejado por fuera la convención colectiva de RECOPE en el reconocimiento de costos operativos de la entidad el año anterior.
“ARESEP, en la persona de su Intendente de Energía, no solamente cometió esas graves tropelías contra la Constitución y contra el Derecho Internacional en materia laboral, sino que usurpó potestades que únicamente le competen a la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, dijo Albino Vargas.
Finalmente, Vargas arremetió contra los representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), tras anunciar de que interpondrán una acción de inconstitucionalidad contra la financiación de las convenciones colectivas con las tarifas que pagan todos los costarricenses.
“Esto representa un acto de provocación confrontatativa”, concluyó el sindicalista.