San José, 13 feb (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes manifestó su preocupación por el estancamiento de Costa Rica en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, según datos de Costa Rica Íntegra.
El país ocupa el puesto 42, con 58 puntos sobre 100, sin superar el rango de los cincuenta en que ha oscilado desde 2012.
“Preocupa también conocer que el país empeoró, en relación con los datos de 2024, en 4 de los 7 indicadores analizados en la medición, y entre ellos el de ‘Estado de derecho y Gobernanza’”, advirtió la Defensoría.
La institución recordó que Costa Rica carece de un órgano rector anticorrupción y de una política nacional en la materia, elementos esenciales según las Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas contra la Corrupción.
La Defensoría participó en septiembre de 2024 en una discusión sobre un “Modelo de Gestión de Integridad” convocada por el Ministerio de Justicia y Paz.
En esa ocasión, la institución recomendó “trazar una hoja de ruta para enfrentar este flagelo”, que incluya la designación de un órgano superior, la formulación de una política nacional anticorrupción, la participación de la sociedad civil y la rendición de cuentas.
Además, la Defensoría sugirió atender las recomendaciones de la OCDE sobre la delegación de tareas ejecutivas a dependencias especializadas, y garantizar la independencia y recursos del órgano rector.
“A partir de los esfuerzos iniciados, y de los pobres resultados que arroja el IPC 2025, es necesario que el Poder Ejecutivo retome, priorice y agilice el proceso iniciado para estructurar un sistema de gobernanza y emitir una política pública en materia de integridad y lucha contra la corrupción”, instó la Defensoría.
Finalmente, la institución recomendó actualizar el marco normativo, incluyendo reformas a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la actualización del Decreto que crea la Comisión Nacional de Ética y Valores, y la reglamentación de la “Ley para perfeccionar la rendición de cuentas”.
