San José, 15 feb (elmundo.cr) – Con el propósito de que los habitantes del país tengan explicaciones y elementos sobre la situación del comportamiento del tipo de cambio y a la luz de reclamos de varios sectores sobre los efectos a nivel económico, social e incluso laboral, la Defensoría de los Habitantes elevó ante el Banco Central de Costa Rica, una gestión de información con cuatro inquietudes puntuales.
– ¿Por qué el Banco Central ha decidido mantener el horario de MONEX desde que se dio la depreciación del colón en el 2022? Lo anterior, considerando la actual la flotación administrada del tipo de cambio.
– ¿Qué ocurre actualmente con la oferta de divisas, la disminución de demanda de los dólares y cuáles son sus tendencias? ¿Tiene esto vinculación con la Política Monetaria implementada?.
– ¿De continuar con el ritmo actual, la Autoridad Monetaria ha realizado o efectuará estimaciones de hasta dónde puede llegar el tipo de cambio y el efecto en la población?
– ¿La Autoridad Monetaria planea realizar alguna investigación sobre el efecto del tipo de cambio en las personas generadoras de dólares y como ha incidido en la disminución del ingreso y de las empresas exportadoras?
Las decisiones del Banco Central tienen impactos microeconómicos, a través de los efectos en las tasas de interés y por ende, en diversos mercados (como el de vivienda), que no necesariamente están viéndose reflejados en los compromisos económicos mensuales de las familias.
En ese sentido, preocupa a la Defensoría el efecto del mercado cambiario en el sector real, pues ya está provocando impactos en empresas que hacen uso intensivo del trabajo como factor productivo, con las consiguientes consecuencias en torno a la realización de los derechos económicos y sociales.
Para la Defensoría la conducción de la política monetaria debe distinguir entre intervenciones que inciden exclusivamente sobre el sector cambiario y financiero de aquellas que afectan al sector real de la economía y, se convierten en perjudiciales para la realización al derecho a un trabajo y vivienda digna, estabilidad en el empleo, entre otros.
De tal suerte que el Banco Central pueda considerar elementos más allá del análisis macroeconómico y valorar la repercusión de la política monetaria sobre las personas, sus derechos e intereses.
