San José, 30 set (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes en el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, que se celebra mañana 1 de octubre, hace un llamado para que el país continúe avanzando en la protección de los Derechos Humanos de esta población.
La Defensoría reconoce la voluntad del Estado Costarricense al aprobar la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores -el pasado 8 de setiembre-; considera necesario que el país asuma con firmeza los desafíos que trae consigo este instrumento, ya que individualiza los derechos de las personas mayores y permite introducir la edad como motivo de discriminación.
Desde que abrió sus puertas, la Defensoría insiste en la necesidad de acciones afirmativas en la promoción, defensa y protección de los derechos de las personas adultas mayores. La casuística atendida da cuenta de situaciones relacionadas con la atención en salud, en los servicios públicos como el transporte público, el acceso a las alternativas de protección social como el sistema no contributivo de pensiones y otros servicios de ayuda social.
Asimismo se reciben quejas respecto a modalidades de atención y cuido directo existentes para dar respuesta al abandono y maltrato hacia la población mayor.
El Estado, a través del ente rector de vejez y envejecimiento, CONAPAM, debe disponer de los ajustes necesarios para el respeto, protección y cumplimiento efectivo de los derechos específicos de las personas adultas mayores en todos los ámbitos, libre de prejuicios, malos tratos, abuso y discriminación, sobre la base de la libertad, la igualdad y la dignidad humana.
Las disconformidades de las personas mayores exigen un trato diferenciando o preferente que pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas para definir y homologar las políticas institucionales de atención preferencial.
Asimismo, la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento debe traducirse en un plan de acción que establezca las acciones concretas y defina las entidades responsables de su ejecución, para conseguir su desarrollo progresivo dentro del plazo establecido.
Deben desarrollarse acciones orientadas a que las autoridades públicas cobren mayor consciencia y comprensión de las tendencias demográficas actualmente registradas y proyectadas (las personas adultas mayores en el país son alrededor de 440.799, con una proyección de 1.262.311 al año 2050).
De manera tal que la institucionalidad pública debe satisfacer las demandas de las personas mayores en temas tan relevantes como la salud, la protección social, el acceso y permanencia en el trabajo, la situación de las mujeres en edad avanzada, la corresponsabilidad social del cuido, entre otras, que se manifiestan según la heterogeneidad de esta población y el contexto cultural y geográfico de pertenencia.
Las personas mayores también se han venido apropiando de sus derechos y de los mecanismos de exigibilidad para su cumplimiento, por lo que empiezan a denunciar discriminación en servicios específicos, participan en programas universitarios de movimiento humano, utilizando atención hospitalaria a domicilio, la atención del servicio de emergencias 9-1-1 y solicitan acciones ante incumplimiento de rebajo tarifario en el servicio público de cabotaje menor o lancha, entre otros.
Es preciso adicionar que la Defensoría de los Habitantes presentó un estado de situación de los derechos de las personas adultas mayores en la visita que hizo al país la Experta Independiente para el disfrute de todos los Derechos Humanos de las Personas de Edad, Rosa Kornfeld Matte, que recientemente rindió su informe ante las Naciones Unidas en el marco del trabajo realizado en procura de una Convención a nivel mundial sobre los derechos humanos de esta población.
