San José, 19 abr (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes expresó que la reforma a las finanzas públicas que se plantea en el proyecto de ley 20.580 es parcial, aunque necesaria, y solicitó revisar todo lo relacionado con la regla fiscal para considerar épocas de crisis severas, siendo para ello necesario buscar opciones para una reactivación económica más agresiva que complemente las medidas impositivas propuestas en la iniciativa de ley.
Según el ente defensor ante el problema grave que tiene el país en materia fiscal deberán adoptarse medidas urgentes para no deteriorar aún más la situación de las finanzas públicas, pues el déficit actual amenaza el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos, ya que se requiere de recursos económicos que los hagan efectivos a través de la política pública.
La Defensoría planteó a los legisladoros que, a la par de las reformas a la base tributaria y en las tasas impositivas, se hace necesaria una modernización de la estructura administrativa de la recaudación tributaria con el consiguiente establecimiento de multas y castigos acordes con los delitos de evasión y elusión, como se aplica en los sistema tributarios de los países desarrollados.
En cuanto al establecimiento de un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en lugar del actual Impuesto General sobre las Ventas (IGV), la Defensoría sostiene la que es importante porque universaliza la aplicación, favorece el principio de solidaridad en el pago de impuestos, facilita el control de la administración tributaria y posibilita al Estado a destinar más recursos a programas de bienestar social.
Es claro que el IVA sobre el IGV, desde el punto de vista económico, las ventajas son principalmente para el Estado, puesto que para el consumidor final sería indiferente, toda vez que en cada compra que realiza, siempre pagará un tributo igual por el valor de la compra.
A pesar de las ventajas señaladas con el IVA, la Defensoría señala diversos problemas al tratarse de un impuesto indirecto y con ello, ser regresivo contra los hogares de ingresos medios y bajos; adicionalmente puede incrementar costos de administración aunque se podrían mitigar con el régimen de tributación simplificado, y por último, puede presentar problemas de evasión si no se solicita factura o si se presentan créditos fiscales falsos.
Para la Defensoría el proyecto no presenta un estimado del total a recaudar con la ampliación a la base imponible al considera servicios como lo plantea el IVA, siendo que el incremento en el bienestar social dependerá, en última instancia, del destino de la mayor recaudación tributaria lograda. A su vez es importante que el proyecto considere el establecimiento de una canasta de consumo exonerada de bienes y servicios para los hogares de ingresos medios y bajos.
La Defensoría solicitó la reconsideración como exenciones de las comisiones por los servicios y los intereses que se originen en las operaciones de préstamos y créditos de las entidades reguladas o fiscalizadas, debido a que se establece de manera general; así como ampliar necesariamente las exenciones para el consumo de energía eléctrica y agua, dado que en ambos casos la exención se aplica si el consumo es igual o inferior a cierto nivel. Cuando se exceda, que se aplique únicamente al exceso consumido y no a la totalidad.
Asimismo, el proyecto establece una tasa reducida del 4% en las comisiones pagadas a las operadoras de pensiones, y en esa dirección la Defensoría se pregunta si el pago de ese tributo finalmente se le trasladará al público ahorrante y si eso se hace, podría constituirse en una doble imposición, pues estos planes ya están gravados en la Ley de Impuestos a los ingreso y utilidades.
Otras Reformas
Por otra parte, en materia de salarios públicos, la Defensoría considera que las definiciones dadas para “Dedicación Exclusiva” y “Prohibición” no son pertinentes pues tienden a homogeneizar ambos regímenes los cuales poseen una naturaleza distinta. En cuanto a la fijación de un tope del 1.94% para los empleados del sector público se desconoce en el proyecto el criterio técnico utilizado, siendo más bien, oportuno que se faculte al Ministerio de Trabajo, la Contraloría General de la República o la Dirección Regional del Servicio Civil revisar periódicamente los límites de este incentivo con base en las condiciones macroeconómicas del país.
La Defensoría comparte la necesidad que el mecanismo de evaluación del desempeño de las personas funcionarias públicas sea transformado, para alcanzar una mayor eficiencia de la Administración Pública.
Considera además oportuna la reforma para que todas las personas que se incorporen a trabajar, por primera vez, en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, Tribunal Supremo de Elecciones y otras entidades solamente puedan pensionarse mediante el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, a excepción de los trabajadores del Magisterio y del Poder Judicial que disponen de su régimen. Llama la atención de la Defensoría la reforma que abre la posibilidad para que las autoridades puedan realizar despidos con responsabilidad patronal en determinados cargos en propiedad sin que exista una declaratoria de la Dirección de Servicio Civil que determine cuáles de esos puestos pueden ser declarados de confianza. De ahí que se recomienda que ese artículo se revise y adecue a los parámetros de constitucionalidad.
“Es necesario una reforma tributaria progresiva. No compartimos por ejemplo, en el proyecto actual, la definición de canasta básica porque es muy restrictiva y golpeará a las clases de menos recursos. También hay que seguir trabajando en la situación de evasión para obligar a quienes no contribuyen hacerlo en la proporción que les corresponde. Pagar tributos es una cuestión de todos excepto de quienes viven en condición de no poder generarlos ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas”, dijo esta mañana el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Manuel Cordero González.
En incumplimiento tributario se estimaba para el año 2013 en un 8.22% del PIBm, de los cuales, solo la evasión del Impuesto General de Ventas fue de un 2.36% y sobre Impuesto de Renta de un 5,86% del PIB. Debe resaltarse entonces, que el incumplimiento tributario de 8,22% del PIB para el 2013 es mayor que el déficit del Gobierno Central proyectado por el Banco Central para el año 2018, que se estima en 7,1% del PIB.
La Defensoría aclaró que este criterio se basó en el dictamen afirmativo de la Comisión Especial de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que tiene algunas diferencias en relación con el proyecto consultado. Texto completo del criterio enhttp://www.dhr.go.cr/defensoria_transparente/despacho/proyectos_de_ley/2018/DH_0266_2018.pdf.
